Aforar al Rey en pocas semanas

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) abordó ayer la fórmula para que el Gobierno inicie los trámites para proceder en el menor tiempo posible al aforamiento del Rey Don Juan Carlos ante la Sala Penal del Tribunal Supremo, una vez que entre vigor la ley orgánica en la que se recoge su abdicación. Este aforamiento estará recogido en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

Los cinco vocales y su presidente, Carlos Lesmes, acordaron por unanimidad la necesidad de proceder al aforamiento de Su Majestad el Rey una vez que la ley orgánica sobre su abdicación pase su último trámite en el Senado. El Consejo decidió ayer apoyar la reforma de la legislación y así lo plasmará el lunes en el informe sobre el anteproyecto de la LOPJ.

Sobre esta cuestión se pronunció Lesmes, presidente también del Supremo, quien considera que se podría utilizar una «vía de urgencia» para aforar a Don Juan Carlos cuando deje de ser Rey, mediante una «reforma parcial» de la citada ley. Esa reforma podría estar aprobada «en unas semanas».

En el anteproyecto del Gobierno se ampliaba el aforamiento ante el Supremo la Reina consorte o al consorte de la Reina, así como al Príncipe heredero y su consorte. Sin embargo, no se incluía a Don Juan Carlos, ya que, como Rey, la Constitución le otorgaba inviolabilidad. En el texto que estudió ayer, del que es ponente el vocal Juan Manuel Fernández, se abogaba por aforar al actual Monarca y no dejarle en un «limbo judicial» tras su abdicación. «Resulta necesario regular el estatuto jurídico de S. M. el Rey Don Juan Carlos y S. M. la Reina Doña Sofía tras la abdicación del Monarca, atribuyendo a ambos la prerrogativa del aforamiento».

Sin embargo, Lesmes, en una entrevista concedida a «Los Desayunos de TVE», con motivo de la inauguración de las Jornadas de Puertas Abiertas del Tribunal Supremo, señaló que llevar a cabo ese aforamiento mediante una enmienda a la reforma presentada por el Gobierno «tardaría al menos un año», motivo por el que abogó por incorporarlo mediante una «reforma parcial». No obstante, Lesmes dejó claro que la vía por la que finalmente se optar para dotar a Don Juan Carlos de esa protección jurídica es una «decisión estrictamente política» que corresponde al Gobierno.

Sobre esta cuestión se pronunció el vicepresidente del Supremo, Ángel Juanes, para quien lo importante «es que las cosas se hagan bien, y las prisas nunca han sido buenas, tratándose además de normas de Derecho».

Por su parte, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, reconoció hace apenas dos días que el Gobierno ya está estudiando si incluye en la reforma de LOPJ el aforamiento de Don Juan Carlos y de Doña Sofía ante el Tribunal Supremo una vez que se haga efectiva la sucesión a la Corona.