Alcaldes de PSC y PDeCat hartos de «okupaciones»: «Evitamos cinco cada semana»

Cataluña es el territorio que concentra mayor número de delitos por okupación de viviendas: el 42% de toda España, según los datos del Ministerio del Interior. Y eso ha hartado a algunos alcaldes de la autonomía catalana porque está suponiendo una fuente de conflictos vecinales que acaba perturbando la convivencia en las ciudades. Este diario se ha puesto en contacto con tres alcaldes muy combativos con la «okupación» y los tres coinciden en una cosa: hay que diferenciar entre la «okupación», que es un delito, y los problemas de acceso a la vivienda, a los que hay que darle solución (a través de ayudas, construcción de viviendas sociales...).

«Desde hace mucho tiempo, tenemos claro que no se puede interpretar la okupación como movimiento social que lucha contra la injusticia y la falta de vivienda», aclara Núria Parlón (PSC), alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona). De hecho, en lo que coinciden también los tres alcaldes consultados es que las quejas a sus ayuntamientos solo llegan por las «okupaciones» conflictivas, que arrastran toda una serie de delitos vinculados a la droga, robos con violencia o fraude en los suministros, pero nunca llegan avisos de «okupaciones» de familias vulnerables: «Ni nos enteramos y son muy pocas».

Parlón, que gobierna con mayoría absoluta, hace todo lo que tiene en sus manos para frenar estos delitos. «El Ayuntamiento actúa, siempre que puede, antes, durante y después de la okupación», afirma. De forma preventiva, el Ayuntamiento ha dado una serie de consejos a la Policía Local y a las comunidades de vecinos (cierre de puertas, cámaras de seguridad...) porque es donde mejor se puede actuar. «Cada semana, evitamos cuatro o cinco okupaciones de media», asegura Parlón, lo que indica la dimensión del problema que hay. «Hemos creado una unidad especializada de intervención en conflictos vecinales, nos estamos coordinando con los Mossos y se están colocando puertas antiokupas en algunas viviendas», resume la alcaldesa.

El Ayuntamiento también pide a los vecinos que, en el momento en que detectan una entrada ilegal a un inmueble, avisen, porque ahí también puede actuar la policía porque es un «delito flagrante». Además, en 2022, la policía local acordó con un juzgado de la ciudad «poder articular un juicio inmediato» para poder desalojar la vivienda en menos de ocho días. Parlón también enumera las acciones de su Ayuntamiento para ayudar en el acceso a la vivienda (ampliación parque de vivienda social, rehabilitación de antiguos locales comerciales...), aunque es competencia de la Generalitat.

David Bote (PSC), alcalde de Mataró (Barcelona), también ha desplegado medidas parecidas a las de Parlón, aunque ha ido más allá. «Una de las cosas que hemos hecho es investigar y perseguir a las mafias», asegura Bote, que celebra el éxito con una operación de los Mossos d’Esquadra en julio, que desarticuló a un grupo criminal que ocupaba pisos para revenderlos. Eso ha supuesto una «reducción drástica» de los «okupas»: ha caído un 40% en el último trimestre de 2022. Además, según precisa, en 2022, se han evitado 300 «okupaciones».

Bote, que se quedó a un concejal de la mayoría absoluta en 2019, es uno de los principales promotores del cambio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que está tramitándose en el Congreso impulsado por el PSOE (con presión de PSC y PDeCat) para el desalojo de los «okupas» en 48 horas (si el «okupa» es vulnerable, se pone en conocimiento de servicios sociales). El cambio legislativo está pendiente del plácet de la Comisión de Justicia y del Pleno, aunque no obtendrá luz verde hasta que no se apruebe la ley de vivienda, que también tiene como objetivo ampliar el parque de viviendas público. «Nosotros tenemos nuestro protocolo para evitar las okupaciones y tratamos de evitarla, pero necesitamos un cambio legislativo», explica Bote. «Llevamos desde 2016 liderando la lucha contra este problema. Poco a poco, vamos recibiendo el apoyo de otras administraciones y de otras ciudades», señala, antes de recordar que, por vía administrativa, han logrado desalojar el bloque «okupa» más grande de Cataluña. En paralelo, también ha desplegado medidas para facilitar el acceso a la vivienda (comprando viviendas o dando suelo a la Generalitat para que construya 70 pisos).

Finalmente, Pere Regull (PDeCat), alcalde de Vilafranca del Penedés (Barcelona), también exige con inmediatez una reforma legislativa porque «en ningún lugar de Europa hay tanta inseguridad jurídica». Ahora, actúa con los instrumentos que tiene: una Comisión formada por la policía local y los servicios sociales que opera ante cada vivienda «okupada». «Vemos cada caso, cuál es el perfil del okupante, y atacamos los que generan alarma social», explica, poniendo el acento en el «okupa» conflictivo. «Con el okupa social no se han hecho los deberes», afirma, en referencia a que falta vivienda pública.

«El perfil de okupa conflictivo está relacionado sobre todo con la venta de drogas y delincuencia de baja intensidad, pero genera alarma. En un bloque de pisos, había 10 o 15 okupas que acumulaban más de 105 causas judiciales. Los vecinos no se atrevían ni a bajar al parking. Hemos conseguido arreglarlo ya», señala, atribuyendo esta circunstancia a la permisividad de la ley y a la «baja resolutividad» de los juzgados. «Este escenario genera indefensión: los vecinos afectados no suelen ser gente de clase alta, sino la gente trabajadora», subraya, y recuerda que un barrio de renta baja hizo recientemente una protesta contra los problemas de la «okupación». El último barómetro de la Generalitat señalaba que la gente de renta baja es quien percibe mayor inseguridad en su barrio.