Anna Gabriel huye de la Justicia: «Si hay orden de extradición, pediré asilo político»

La dirigente de la CUP, Anna Gabriel, ya ha definido su estrategia de defensa. Y no es otra que no presentarse mañana ante el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. Y asegura estar dispuesta a pedir asilo político en Suiza si España solicita su extradición.

La dirigente de la CUP, Anna Gabriel, ya ha definido su estrategia de defensa. Y no es otra que no presentarse mañana ante el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. Así lo ha anunciado en una entrevista al diario suizo Le Temps, donde deja clara su decisión de permanecer en Ginebra, donde se encuentra desde hace varios días.

La ex diputada independentista sigue así los pasos de Carles Puigdemont y se convierte en prófuga de la justicia. Su alegato, como titula el diario suizo es que «No iré a Madrid, ya que no tendrá un «juicio justo».

Y es precisamente bajo ese argumento por lo que Gabriel dice quedarse en Suiza, para poder «proteger mis derechos». "Estoy siendo procesada por mi actividad política y la prensa del Gobierno ya me ha condenado", asegura.

Hay que recordar que tras su viaje a Venezuela, Gabriel lleva unos días en Suiza con el único objetivo de "internacionalizar"el proceso independentista catalán y denunciar lo que ella denomina "presos políticos".

En esta entrevista al diario suizo, Gabriel explica que será "más útil a mi movimiento en libertad que detrás de las rejas", ya que ve el destino de algunos de sus compañeros que aún están en prisión desde diciembre pasado, dice.

"Comprendí que tenía que irme. No soy la única a la que espera la prisión; todo el gobierno (catalán) está amenazado", indica.

Petición de asilo político

La dirigente de la CUP también ha asegurado que está dispuesta a pedir asilo político en Suiza si España solicita su extradición, y que su intención es instalarse en el país helvético para reanudar su carrera académica, ya que fue profesora de Derecho en Barcelona.

"Por el momento no he pedido asilo político. Si me quedo aquí intentaré reanudar la vía académica. Yo era profesora de Derecho en la Universidad de Barcelona. Intentaré trabajar, intentaré instalarme aquí", dijo en una entrevista a la radiotelevisión pública francófona RTS.

"Y si no puedo porque hay una solicitud de extradición, solicitaré el asilo político", añadió la exdiputada catalana.

«Activista feroz»

Gabriel critica recientes filtraciones en los medios de comunicación españoles de un informe de la Guardia Civil en el que se la describe, según ella, como una "activista feroz".

La exdiputada tenía que declarar ante el juez Larena por un posible delito de rebelión en el proceso independentista, a raíz del comité estratégico que dirigió las acciones contempladas en el documento "Enfocats", considerado la hoja de ruta de la independencia.

Gabriel rechaza enérgicamente estas acusaciones: "Siempre he hecho campaña a favor del referéndum, pero pacíficamente. La cuestión de Cataluña debería poder resolverse políticamente, pero las autoridades españolas quieren acallar el independentismo a través de la represión", añade.

La dirigente de la CUP denuncia en "Les Temps"el ambiente "tenso como nunca"en Barcelona, y sostiene que el Gobierno español "no hace nada para garantizar nuestra seguridad frente a la violencia de los fascistas".

La exdiputada catalana expone las amenazas de muerte que dice haber recibido regularmente de grupúsculos de la extrema derecha.

Gabriel compara la situación catalana "con lo que ocurre en estos momentos en Turquía", y denuncia lo que considera una "caza"con cerca de "900 personas bajo investigación o acusadas, entre ellos profesores, policías, políticos y simples votantes".

Por no ir a declarar ante el Supremo, Gabriel se arriesga a ser objeto de una orden de extradición u comisión rogatoria, pero su abogado en suiza, Oliver Peter, considera la amenaza de una extradición poco probable a la vista de que España retiró su solicitud en el caso de Carles Puigdemont, huido en Bélgica.

Según él, su cliente no tendría un proceso justo en España, ya que los miembros del tribunal en Madrid "son cercanos al poder y no ofrecen ninguna garantía de independencia ni de imparcialidad".

"Mi cliente está siendo perseguida por motivos políticos, lo que convierte una solicitud de extradición en ilícita", opina el abogado.