Anticorrupción propone juzgar a 27 miembros de la mafia rusa Tambovskaya

La Fiscalía Anticorrupción ha propuesto juzgar a 27 presuntos miembros de la mafia rusa "Tambovskaya Malyshevskaya"que controlaban, desde sus residencias en las costas españolas, actividades delictivas en Rusia, con acusaciones de asesinato, y luego canalizaban los beneficios en España.

En el escrito de la Fiscalía enviado al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, se le pide que cierre la investigación de la causa y continúe con los pasos para juzgar a estas 27 personas, entre ellas el presunto cabecilla de la trama, Gennadius Petrovm y su mano derecha, Leonid Khristoforov.

Sin embargo, 11 de los imputados están en búsqueda y captura, entre ellos Khristoforov y Petrov, este último huido de la justicia desde 2012, cuatro años después de ser detenido en 2008 en la operación Troika por orden del juez Baltasar Garzón y ser puesto luego en libertad bajo fianza.

En el escrito, los fiscales anticorrupción de Baleares y Madrid, Juan Carrau y José Grinda, explican que los encausados eran originarios sobre todo de San Petersburgo y Moscú, pero vivían y operaban en Baleares, Levante y la Costa del Sol.

Desde esos lugares controlaban la red, a la que se imputan asesinatos, palizas por encargo, amenazas, coacciones, tráfico de armas, estafa, tráfico de influencias, cohecho, negociaciones prohibidas, contrabando, tráfico de drogas, delitos contra la Hacienda Pública y la descapitalización fraudulenta de sociedades.

Los imputados, indican los fiscales, forman parte de "lo que en el ámbito delincuencial de origen ruso ha venido en llamarse Comunidad Criminal (Prestupnoe Soobschestvo), integrada en una estructura que se trasladó y actúa en España desde el año 1996".

La mayoría de sus miembros tienen antecedentes penales en Rusia, otros países de la UE, Suiza y los Estados Unidos, y controlaban, desde sus domicilios en España, "las actividades criminales de los respectivos grupos delincuenciales que dirigen en su país de origen y que son ejecutadas por mandos intermedios y subordinados".

En España canalizaban el "enorme rendimiento económico"que generaban sus actividades "mediante asesores jurídico-financieros que trabajan casi en exclusiva para la organización"y que se acabaron integrando en ella -hay cinco imputados españoles-.

Así, se generaba lo que los fiscales califican como una especie de "unión temporal de empresas criminales, con una clara división de tareas y reparto de papeles", cuyo objetivo en España era integrar los beneficios en el sistema económico mediante ampliaciones de capital, préstamos societarios, tránsitos de dinero desde y a paraísos fiscales e inversiones en otros países como Alemania.

En España, por tanto, la red se dedicaba a introducir capitales violando la legislación y eludiendo el pago de impuestos, una actividad, destaca la Fiscalía, "aderezada con simulaciones de contratos y falsedades documentales capaces de distorsionar"la verdadera titularidad del dinero.

Los miembros de la comunidad criminal, cuyos dirigentes eran "compañeros de banda en su juventud", compartían responsabilidad, se repartían segmentos de poder y empleaban "sus contactos para pedir u otorgar favores en el ámbito político, económico, financiero y judicial".

Con estos favores, destacan los fiscales, pretendían "seguir incrementando su riqueza, borrar su pasado criminal, vivir sin problemas en España o proporcionar auxilio fraternal a sus iguales en su llegada a nuestro país".

Sus líderes mantenían "contacto directo y permanente con la estructura que radica en su país natal"y se valían en España de "la asesoría de determinados bufetes de abogados y economistas", que diseñaban estructuras societarias para ocultar el origen del dinero.

En el vértice de la organización figura Petrov, al que sus miembros se dirigían como "caudillo, líder o 'boss'", que es conocido en el mundo de la delincuencia rusa como una "Autoridad criminal"(Autoritievti) y tiene numerosos antecedentes.

En su entorno más próximo, indican los fiscales, estaban los imputados Elena Petrova, que participa en las decisiones importantes y en las sociedades de Petrov; Khristoforov, su "mano derecha"y que ejecutaba sus órdenes, y el abogado Juan Antonio Untoria Agustín, que le ayudaba a gestionar los fondos ilícitos.

Una vez enviado el escrito a De la Mata, ahora el juez tendrá que decidir si seguir el procedimiento contra ellos mediante su procesamiento, y luego, en su caso, abrir juicio oral para que sean juzgados en la Audiencia Nacional.