La Fiscalía Anticorrupción avala la investigación patrimonial a José Luis Ábalos. El fiscal jefe de este órgano, Alejandro Luzón, se opuso a su recurso apelando a la "solidez de los indicios" que obran en el caso Koldo, a la par que le recordó que no se da valor probatorio únicamente a las manifestaciones de Víctor de Aldama. Al contrario, sostiene que hay documentación que trasciende a lo confesado por el conseguidor de la trama.

"La investigación patrimonial (...) aparece revestida de las imprescindibles notas de motivación y proporcionalidad. En primer lugar, por la solidez de los elementos indiciarios que avalan la presente instrucción, como se ha encargado de desgranar el Magistrado Instructor, por más que el recurrente insista con el mantra de que 'se da valor probatorio' a la sola manifestación del Sr. de Aldama", reza el escrito al que ha tenido acceso LA RAZÓN.

El fiscal jefe Anticorrupción precisa que existe documentación intervenida que vendría a apuntalar los indicios contra él y que no se le resta valor probatorio a lo declarado por Aldama relativo al presunto cobro de mordidas, por el hecho de que éste no tenga ningún recibo de la entrega de dinero. "Como si tal exigencia fuera razonable en el marco de una actuación ilegal como es el pago de la dádiva en el cohecho", matiza.

Avala la investigación patrimonial

El empresario, que decidió colaborar con la Justicia tras su detención en la conocida como trama del fuel, dijo que se repartieron comisiones tras las adjudicaciones del contrato de mascarillas en pandemia. No obstante, ya en su primera declaración en la Audiencia Nacional, confirmó que se conocían de antes de 2020 y que, entre otras presuntas irregularidades cometidas, destacaba la presunta adjudicación irregular de obra desde el Ministerio de Transportes que entonces dirigía José Luis Ábalos. Parte de dichas mordidas, dijo, iban destinadas al PSOE.

Además, desveló que su socio Alberto Escolano abonó el alquiler del piso de lujo de Jesica Rodríguez, expareja de Ábalos, durante los casi tres años que residió en el piso de lujo de Plaza de España. Igualmente expuso que le ofreció una vivienda en el Paseo de la Castellana y que, del mismo modo, compraron con una de las empresas vinculadas a la trama del fuel un chalet en La Alcaidesa (Cádiz) que alquiló el exministro para sus periodos vacacionales.

Todo ello llevó a la Fiscalía a advertir de que la causa, pese a nacer con el foco puesto en las mascarillas, se ha ido ampliando hasta incluir todo lo acontecido desde su llegada al Ministerio de Transportes el 2018. Además, el magistrado Leopoldo Puente solicitó un primer informe patrimonial de Ábalos a la UCO para conocer sus posesiones. La Guardia Civil advirtió en su oficio de que, a través de la Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social (Fiadelso) adquirió una casa en Colombia y otra en Perú. También identificaron numerosas transferencias de dinero que su exasesor, Koldo García, efectuó a familiares y otras personas de su entorno más cercano.

"Hay indicios, no meras conjeturas"

Todo ello llevó a los agentes a solicitar ampliar los años objeto de estudio desde 2014; pretensión que autorizó el magistrado Leopoldo Puente y que recurrió Ábalos al considerar que la medida era prospectiva y atentaba contra sus derechos fundamentales. Anticorrupción, en su respuesta al recurso, le advierte de que no puede continuar con el "mantra" de que solo cuentan con la confesión de Ábalos y defiende la necesidad de inspeccionar a fondo sus cuentas para saber si hubo cambios de calado desde 2018, y, especialmente, tras conocer a Aldama.

"Esta justificación debe permitir observar con suficiente claridad que la decisión se adoptó teniendo en cuenta la existencia de indicios y no de meras suposiciones o conjeturas. Sobre este particular -la necesidad y proporcionalidad de las medidas acordadas- la resolución impugnada representa un ejercicio de motivación ejemplar que dispensa a la Fiscalía de ulteriores razonamientos", expone la Fiscalía Anticorrupción.

El criterio del juez

Por su parte, Puente también ha ido dando validez al relato de Aldama. Aunque en un primer momento fue cauto en cuanto a la validez de sus corroboraciones, recientemente ha advertido que su testimonio se refrenda con el de otros testigos que han desfilado por el procedimiento. Es el caso del socio de Aldama, Alberto Escolano, quien confirmó que pagó gran parte del alquiler de Jesica en el centro de la capital.

La propia Jesica también dijo que ella no costeó los 2.700 euros que pagaba al mes por el piso de lujo aunque, eso sí, negó que el exministro le pagara para acompañarle en los viajes. Además hay que sumar el testimonio de Carmen Pano, la empresa que dijo que llevó 90.000 euros a Ferraz en 2020 (meses después del pelotazo de las mascarillas), por orden de Aldama.

Por todo ello, Puente entiende que las revelaciones del conseguidor de la trama cuentan con una "razonable corroboración indiciaria" que hacen necesario, según dice, una investigación patrimonial de los años anteriores a que Ábalos conociera a Koldo y al propio Aldama.