División en la Junta de Fiscales de Sala sobre la decisión de García Ortiz de no dimitir

La Junta de Fiscales de Sala se ha dividido en su posicionamiento sobre la decisión de Álvaro García Ortiz de no dimitir tras ser imputado por el Tribunal Supremo. Durante casi dos horas y media y convocados por el propio fiscal general, la treintena de integrantes de la cúpula de la carrera que han acudido a la cita han escuchado sus argumentos para mantenerse en el puesto -reiterando que él no filtró ningún correo entre el abogado del empresario Alberto González Amador y el fiscal de Madrid que le investiga por fraude fiscal- y las opiniones de una Junta de Fiscales con mayoría de afiliados a la progresista Unión Progresista de Fiscales (UPF). Aunque fuentes de la Fiscalía General del Estado señalan que la mayoría de la treintena de fiscales que han acudido a la cita han respaldado a García Ortiz, otras fuentes apuntan que solo diez fiscales le han secundado expresamente, mientras que otros trece, dos de ellos de forma "tácita", le han pedido que renuncie y el resto no se ha pronunciado.

Junto a la opinión de quienes han cerrado filas con su postura de no renunciar al cargo, García Ortiz ha tenido que escuchar también voces a favor de su dimisión para preservar la imagen de la Fiscalía y evitar que su investigación afecte al normal funcionamiento del Ministerio Público. Según las fuentes consultadas, once fiscales de la Junta se han mostrado de manera expresa a favor de que dé un paso atrás en contra del criterio mayoritario de que continúe en el cargo.

"Se trata de la primera vez que se abre una causa penal contra un fiscal general", hacen hincapié fuentes de los fiscales a favor de la dimisión de García Ortiz, para quienes "el daño a la institución se va a generar en cuanto tenga que acudir al Tribunal Supremo a declarar". "Mantenerse a toda costa en el cargo no se puede sostener", subrayan. "No es un acto de fortaleza y responsabilidad", defienden, al tiempo que califican la situación generada tras la imputación de "bochornosa".

García Ortiz convocó ayer a la Junta de Fiscales de Sala tras conocer la decisión del Tribunal Supremo de imputarle por revelación de secretos por la filtración de datos reservados de la investigación por fraude fiscal al empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Según explicó en el comunicado en el que dejaba claro que no piensa presentar su renuncia, su intención al reunir a la cúpula de la carrera -está tarde ha convocado al Consejo Fiscal- era "proporcionar las explicaciones oportunas y escuchar cuanto tengan a bien manifestar los integrantes de ambos órganos de asesoramiento y consulta".

Según puso de manifiesto en ese comunicado García Ortiz, seguir al frente del Ministerio Público tras su imputación "es lo menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo" y con esa decisión se "refuerza la independencia de la Fiscalía española".

La Junta de Fiscales de Sala, presidida por García Ortiz, está integrada por otros 34 fiscales (de los que han acudido a la convocatoria 29). Cuatro de ellos no han asistido a la reunión, en la que ha sido el fiscal general quien ha abierto el fuego exponiendo a sus compañeros sus razones para no dimitir tras la decisión del Supremo. A continuación, los fiscales han ido expresando su opinión al respecto (empezando por los más modernos a los más antiguos en la carrera). Han cerrado el turno la fiscal jefa de la Inspección, María Antonia Sanz, y la "número dos" de García Ortiz, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, quien presumiblemente será la encargada de fijar la posición del Ministerio Público en la causa penal abierta contra su superior jerárquico por revelación de secretos.

No es la primera vez que la Junta de Fiscales avala a García Ortiz. El pasado junio, secundó su posición de aplicar la Ley de Amnistía al delito de malversación a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de procesados o condenados por el "procés", en contra del criterio de los fiscales del caso Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza, Fidel Cadena y Jaime Moreno. En ese caso, ese apoyo se decidió por un solo voto.

Dos meses antes, los fiscales de Sala se reunieron para expresar su parecer sobre la querella del González Amador contra dos fiscales de Madrid por revelación de secretos, una causa que finalmente ha provocado la imputación del propio García Ortiz por el Tribunal Supremo. También en ese caso, la Junta avaló, pese a la división interna, la postura del fiscal general en contra de la admisión a trámite de la denuncia.