La asociación Liberum pide que Moncloa acredite si Sánchez convocó al Consejo de Seguridad Nacional por la dana

La asociación Liberum, que representa a víctimas de la dana en la causa penal abierta por la gestión de la catástrofe, ha pedido a la juez que reclame a Moncloa información acerca de los movimientos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las horas siguientes a la riada. En concreto, ha solicitado que certifiquen si convocó o no al Consejo de Seguridad Nacional tras la tragedia que se cobró la vida de 227 personas.

El escrito, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, precisa que la diligencia se solicita a tenor de la declaración que ha prestado este viernes en calidad de investigada la que fuera consejera de Interior de la Comunidad Valenciana, Salomé Pradas, y su 'exnúmero dos', Emilio Argüeso. La formación reclama a la juez que instruye la causa, Nuria Ruiz, que libre atento oficio a la Presidencia del Gobierno de España; y al Consejo de Seguridad Nacional a fin de que, certifiquen si Sánchez lo convocó en las horas posteriores a la riada.

En caso de acreditarse, solicita, además que "se aporten cuantas comunicaciones se produjeran entre Presidencia del Gobierno y el Consejo de Seguridad Nacional, en especial si hubo o no la redacción de cualesquier informe o dictamen". La asociación precisa en su escrito que la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, detalla que el Consejo debe determinar los mecanismos de coordinación necesarios para que el Sistema de Seguridad Nacional "se active preventivamente" y realice el seguimiento los supuestos que pueden terminar derivando en una situación de interés para la Seguridad Nacional.

Dicho artículo prosigue que en caso de que se acredite que la situación es de interés para la Seguridad Nacional, el presidente del Gobierno ha de convocar la Consejo de Seguridad Nacional para dirigir y coordinar la respuesta a los hechos. "Todo ello sin perjuicio de la aplicación de la legislación en materia de Defensa Nacional y de las competencias que correspondan al Consejo de Ministros. En los casos en los que el Presidente del Gobierno decida designar una autoridad funcional para el impulso y la gestión coordinada de las actuaciones, el Consejo de Seguridad Nacional asesorará sobre el nombramiento de dicha autoridad", precisa.

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, que inició a principios de diciembre esta instrucción, a la que desde marzo se dedica en exclusiva, ha insistido desde el principio en centrarse en el gobierno regional, del que dijo que tenía la única responsabilidad. "La competencia en materia de protección civil es autonómica y la inactividad se produjo en dicho ámbito", citó en un auto. Este miércoles pasado, la jueza denegó a la Generalitat Valenciana personarse al entender que no procede en este momento procesal ya que asegura que el responsable civil subsidiario "se incorpora al proceso desde que la pretensión civil se dirige contra él, dándosele traslado del escrito de calificación o acusación, o bien antes de dicho trámite, cuando se dicta resolución judicial para el aseguramiento de sus responsabilidades”.

Desde el gobierno valenciano han insistido que no recibieron la información necesaria los días previos por parte de la Aemet, que realizó cálculos de lluvia mucho menores a los que ocurrieron, así como ese propio día por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que tuvo un "apagón informativo" en las horas centrales de la tarde, además de asegurar que el Gobierno Central podía haber asumido el mando único pero no lo hizo. El Ejecutivo dirigido por Mazón defiende que sí actuó donde tenía información, es decir sobre el río Magro que compete a la presa de Forata, donde tenían centrados sus esfuerzos en lugar del barranco del Poyo.

Por el momento la jueza centra la instrucción en por qué se convocó el Cecopi a las cinco de la tarde y qué llevó a que se enviara el Es-Alert tarde a la población para depurar responsabilidades en ese sentido. Este viernes tomó declaración como investigadas a la que era responsable de Emergencias, la exconsellera de Justicia, Salomé Pradas, que ha asegurado entre sollozos que ella "no tenía experiencia" en Emergencias tras haber admitido previamente no conocer la herramienta de la alerta a los móviles.

así como a su número 2, Emilio Argüeso. El próximo lunes lo harán en calidad de testigos dos personas que también estuvieron en el Cecopi, el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, y la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé.