El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha abierto diligencias para investigar si el apagón masivo de este lunes en España pudo ser un acto de sabotaje informático en infraestructuras críticas españolas; hecho que encajaría en un delito de terrorismo. Por ello, ha requerido al Centro Criptológico Nacional (CNI) y a Red Eléctrica que elaboren sendos informes en los que expliquen las causas del apagón.

El magistrado, que estuvo al frente del conocido como 'caso Pegasus', también solicita a la Jefatura de Información de Policía un informe preliminar sobre los hechos acontecidos. A todos ellos les da un plazo "improrrogable" de 10 días. En su auto, el juez explica que sobre las 12.30 horas de este lunes, todo el territorio peninsular sufrió un apagón eléctrico que comenzó a recuperarse parcialmente a partir de las 16.30 horas.

Al respecto dice que, según informó el Gobierno, las consecuencias del 'cero energético' fueron la pérdida de forma súbita durante cinco segundos de 15 GW de la energía que se estaba produciendo en ese momento, lo que equivale al 60% de la luz que se estaba consumiendo. "Estos hechos, haber afectado a sistemas informáticos que soportan infraestructuras que proporcionan los servicios esenciales a la sociedad, como salud, energía, industria, transporte etc han supuesto una situación crítica para el bienestar y sentimiento de seguridad de todos los ciudadanos", relata.

Ciberterrorismo, la posible causa

El magistrado explica que, si bien la causa del apagón es todavía "desconocida", el ciberterrorismo se encuentra entre una de las posibles. Ello hace necesario que se abran diligencias para esclarecer los motivos de los hechos por presunto delito de terrorismo, tipificado en el artículo 573,1 y 2 del Código Penal. El mismo determina que se encuadran dentro de este ilícito penal los hechos cometidos con la finalidad de subvertir el orden constitucional, alterar gravemente la paz pública, desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional y provocar un estado de terror en la población.

Calama detalla que el "complejo sistema de infraestructuras" en el que sustenta el sector productivo del país es "especialmente atractivo" para el terrorismo y que, por ese motivo, en 2004 la Unión Europea impulsó la Directiva 2008/114, del Consejo, de 8 de diciembre, sobre la identificación y designación de Infraestructuras Críticas Europeas y la evaluación de la necesidad de mejorar su protección.

En cumplimiento de la transposición de la Directiva Europea, España aprobó la Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas. Del mismo modo, recuerda otros documentos sobre la materia, como el informe sobre Ciberamenazas y tendencias de 2017 del CNI o la Estrategia Nacional de Ciberseguridad que aprobó el Consejo de Seguridad Nacional en 2019, que contempla específicamente las acciones que se enmarcan en la cibercriminalidad.

Reforma legal de 2015

Al respecto, indica que "la especial consideración a la protección de las infraestructuras frente a ataques terroristas" llevó al legislador a introducir en el Código Penal este fenómeno dentro de los delitos de terrorismo mediante reforma legal. Este cambio normativo es el que propicia ahora la apertura de estas diligencias y la solicitud de información a los entes afectados, con el objetivo de conocer "la causa o causas que motivaron la pérdida súbita, durante cinco segundos, de 15 GW de la energía que se estaba produciendo en ese momento".

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha negado en su última comparecencia que los motivos del histórico apagón se deban a falta de potencia nuclear y ha anunciado la apertura de una investigación interna para esclarecer los hechos. Sobre las causas de lo ocurrido mantiene que hay que investigar, aunque señala a los "operadores privados", a los que exige responsabilidades. Por su parte, Red Eléctrica -cuya presidenta, Beatriz Corredor, no ha dado ninguna explicación pública por el momento- descarta un ciberataque y apunta a las plantas solares como causa preliminar de los hechos.