El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) desbrozará hoy el camino para admitir a trámite en su próxima reunión –que previsiblemente se celebrará a partir del 7 de octubre– el recurso de amparo de Carles Puigdemont contra la negativa del Tribunal Supremo a amnistiar el delito de malversación por el que está procesado. Y es que los magistrados tienen previsto cerrar filas y rechazar las recusaciones del expresidente de la Generalitat que buscan apartar de su demanda a los jueces conservadores Concepción Espejel, Enrique Arnaldo y José María Macías, cuya imparcialidad cuestiona.

Esa decisión –que mantendrá a los doce magistrados del Constitucional en la deliberación y votación del recurso de amparo del líder de Junts– también aligera la resolución de la petición cautelar de Puigdemont de que el TC suspenda cautelarmente la orden de prisión que mantiene en vigor contra él el magistrado del Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa del «procés».

La defensa de Puigdemont instó al TC el pasado julio a tramitar la medida de forma cautelarísima (con máxima urgencia y sin siquiera solicitar su opinión al resto de las partes), algo a lo que –como informó LA RAZÓN– el Pleno rechazará esa vía (en realidad, de haber aceptado esta petición podía haber acelerado su tramitación dejando el asunto en manos de la Sala de Vacaciones, algo que no hizo) y le dará cauce de forma cautelar.

Así las cosas, Fiscalía, Abogacía del Estado y Vox tendrán que pronunciarse sobre la conveniencia de suspender su orden nacional de detención y prisión –que se interpone en su posible regreso a España si no quiere ser arrestado– antes de que el Pleno se pronuncie al respecto. Algo que, según fuentes del tribunal, llevará a la corte de garantías entre mes y medio y dos meses. O lo que es lo mismo: en circunstancias normales Puigdemont conocerá antes de Navidad si su orden de prisión se mantiene o, por el contrario, se deja sin efectos para no causarle perjuicios irreparables en caso de que finalmente el TC le concediese el amparo (concluyendo que el Supremo ha vulnerado sus derechos fundamentales al negarle la aplicación de la amnistía).

Las quejas del expresident

No obstante, según las fuentes consultadas solo una nueva recusación de Macías por parte de la Abogacía del Estado (que ya le ha recusado en los tres primeros amparos del «procés») conseguiría retrasar esta previsión. Y es que una vez se admita a trámite la demanda de amparo del líder independentista a principios de octubre, la Abogacía del Estado dispondrá de diez días de plazo para presentar sus recusaciones. Si insiste en recusar al exvocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) también en el recurso de Puigdemont, la resolución de esta cuestión demorará ineludiblemente la tramitación del amparo del expresident.

Para el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, la orden de prisión vigente contra el expresident supone «una privación de libertad arbitraria» que le impide «ejercer sus derechos de representación política en plenitud», pervirtiendo así «la voluntad popular expresada en las urnas». Algo que, denuncia en su recurso de amparo, «supone una interferencia intolerable en el principio de representación parlamentaria».

Pero el Pleno no solo dará carpetazo a las recusaciones planteadas por Puigdemont, sino también a las cursadas por otros procesados o condenados por su papel en el desafío soberanista en Cataluña, entre ellas las que presentaron el líder de ERC, Oriol Junqueras, y algunos exconsellers del Gobierno catalán.