Nuevo caso de corrupción en la cárcel: un jardinero detenido por traficar con drogas

Un nuevo caso de corrupción en el interior de una cárcel española. El escenario es el Centro Penitenciario Madrid II de Alcalá de Henares y los protagonistas un jardinero y varios de los reclusos. Todos juntos habían montado un lucrativo negocio de tráfico de drogas en el interior de la prisión al introducir hachís y venderlo al resto de los internos. Contaba con ayuda de los miembros de los Dominican Don't Play para la distribución de la misma.

Esta investigación de la Policía Nacional arrancó cuando los responsables del centro penitenciario remitieron un oficio a los agentes para que investigaran la posible vía de entrada de sustancias estupefacientes. Los responsables, incluso, llegaron a identificar al presunto responsable: un hombre que estaba en el centro impartiendo un curso de formación de jardinería a los internos.

Los pagos por Bizum de las drogas

El negocio era redondo. Este individuo D.V.G. suministraba presuntamente el hachís a dos de los presos que asistían a sus clases. Uno de ellos era un marroquí que cumple cuatro ejecutorias todas ellas por robo con violencia y saldría de la cárcel en 2032. El otro enlace era un colombiano que cumple dos ejecutorias y también se encuentra como preso preventivo.

Así, el Grupo de Información y Control del Centro Penitenciario Madrid II (GICO) elaboró un informe de este asunto gracias a las diferentes entrevistas que se habían mantenido con otros internos residentes en la cárcel. "Tendrían escasa relación entre sí, lo que aportaba cierto grado de veracidad a esas informaciones", remarca el escrito al que tuvo acceso LA RAZÓN.

"La droga entraba en forma de tabletas lo hacía por la zona del huerto donde se realizaba el curso de jardinería, que imparte D.V.G., monitor del curso, quién sería la persona que las estaría introduciendo y suministrando al interno", atestigua. Este hombre estaría distribuyendo la sustancia estupefaciente a otros reclusos, recibiendo los pagos de éstos a través de Bizum.

Gracias a estos datos, la Policía Judicial abrió una investigación ya que los datos eran "bastante factibles" y solicitaron ampliar la información respecto al jardinero. Así obtuvieron sus datos y los posibles escenarios de interés para ahondar en las diligencias que iniciaron a fin de determinar los hechos.

El trabajador no tenía permiso de conducir y los agentes establecieron dispositivos de vigilancia para comprobar como abandonaba la prisión y se dirigía a la parada de autobús que le trasladaba hasta su domicilio en un pueblo madrileño. Detectaron viajes de este hombre en una furgoneta capitaneada por su madre y también en coches de Uber.

Los negocios con una banda latina

Durante las labores de investigación, los agentes transcribieron llamadas entre los investigados "dando cuenta de un inminente pase de droga". Todo ello cuando este hombre estaba en fechas próximas de terminar su relación laboral con la prisión.

Esta premura desembocó en un dispositivo policial para su detención. En el momento del arresto, el jardinero no tenía la droga aunque "las últimas informaciones apuntaban a que ese pase era una realidad porque si disponía de la sustancia estupefaciente en su poder". Los testimonios de los presos desvelan que en el interior de la cárcel utilizaban a miembros de los Dominican Don't Play (DDP) para "mover" los alijos.

La Policía Nacional registró el domicilio de este hombre y también la zona del huerto del centro penitenciario. En especial la zona de las macetas del módulo 1 donde se concentraba la presencia de los internos sospechosos. Los agentes hallaron droga escondida en las piezas de dominó de las celdas y también dispositivos móviles.

Así, la última de las actuaciones judiciales, que se llevaron a cabo durante la semana pasada, van encaminadas a conocer el paradero del hermano de uno de los internos detenidos por este caso de narcotráfico. En la casa del jardinero, que cumplía su segundo año en el centro penitenciario, también se encontraron pruebas importantes para las diligencias. Al ser preguntada por este caso Beatriz Uriarte y Juango Ospina, abogados de uno de los investigados, ha declinado hacer declaraciones a este medio.