Juan Carlos Barrabés, el empresario imputado en el "caso Begoña Gómez", ha remitido al instructor un informe de un perito para acusar a Hacienda de haber señalado falsas irregularidades en un contrato que recibió de Red.es y en el que le avaló la mujer del presidente del Gobierno.

En el informe se defiende que la Inspección General del Estado (IGAE) habría apuntado, sin la "imprescindible justificación jurídica", la existencia de indicios de ilegalidad en cómo se concedió la adjudicación a una de las empresas de Barrabés.

La IGAE alertó en su análisis remitido el juez Juan Carlos Peinado el pasado junio de que en el proceso de licitación se tuvieron en cuenta más elementos que dependen de un juicio de valor en comparación con los basados en criterios objetivos (como el precio) de los que recogía el expediente.

Los funcionarios advirtieron, con la Ley de Contratación en el Servicio Público (LCSP) en la mano, que hubiera sido preciso que un comité de expertos o un organismo técnico especializado hiciese una valoración de los criterios, y no la propia mesa de contratación, tal y como ocurrió.

Ahora, el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) Miguel Casino apunta a que Hacienda se equivocó al identificar los porcentajes de ponderación del criterio precio con la fórmula matemática para calcular la puntuación de ofertas económicas. "Son magnitudes rigurosamente distintas y no pueden confundirse", asevera este docente universitario en su informe de parte.

En definitiva, lo que viene a asegurar este perito al titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid es que tanto la LCSP como la jurisprudencia existente no obligan a que el resultado de la valoración proporcional y automática de las ofertas económicas que compiten por un contrato público deba expresarse "forzosamente" en una escala de puntuación que coincida con la horquilla de porcentaje atribuido al criterio de precio que recoge el pliego.

Además, la defensa del empresario vinculado a la mujer de Pedro Sánchez, a través de este documento, reprocha a la Administración que cuestione la fórmula de valoración del criterio en esta contratación que recibió de Red.es, cuando -según esta- es empleada usualmente en muchos pliegos. "Sin que nunca antes ni ahora haya sido cuestionada por ninguno de los respectivos licitadores".

Por ello, le imputa, incluso, a la IGAE una "desviación del reparo" en las conclusiones del informe que le encargó el juez Peinado y tratan de "desmentirlas". El objetivo es trasladar al instructor que, con la eliminación de la posibilidad de censurar la fórmula matemática prevista para valorar el criterio precio, decae igualmente la exigencia de que la valoración de los criterios que parten de un juicio de valor debiera haber correspondido a un comité de expertos o un organismo técnico especializado.

En definitiva, que todo se ajustó a la legalidad y no hay visos de incumplimiento legal en la concesión del encargo, por valor de más de tres millones de euros, a la compañía de Barrabés Innova Next (formando UTE con KPMG) por parte del organismo dependiente del Ministerio de Transformación Digital.