Félix Bolaños ha confirmado este viernes en la Comisión de Justicia del Senado que el Gobierno tiene previsto aprobar este verano los cambios en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), que incluirán que la instrucción penal la lleven los fiscales bajo la supervisión de jueces de garantías.

El ministro de Justicia reivindicó que la reforma supondrá la implantación de un cambio histórico en la Lecrim tras 143 años vigente. Se instaurará así en nuestro país un modelo de instrucción penal que -recordó- "ya existe en toda Europa".

El resto de aspectos que destacó fueron, principalmente, tres: que se pasa a regular las investigaciones basadas en marcadores de ADN; que el tratamiento datos se automatizará aún más y que se mejorarán las actuaciones en los entornos digitales, que ya son uno de los principales escenarios de los delitos

En otro punto de su larga comparecencia, no perdió la oportunidad de sacar pecho de que el Ejecutivo ha convocado cerca del doble de plazas para la judicatura y el Ministerio Público que el último Gobierno del PP. Según el ministro socialista, en la etapa de Mariano Rajoy fueron 750 y, con el PSOE, son 1.400 las plazas.

Confirmó, asimismo, que otra de sus iniciativas legislativas, la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, está en tramitación parlamentaria y defendió que servirá para que el mandato del fiscal general del Estado deje de depender de la formación de los Gobiernos.

La permanencia en el cargo será únicamente de cinco años, sin posibilidad de cumplir más que con un mandato y se impondrán -según Bolaños- mecanismos para garantizar que ni las administraciones autonómicas ni el Ejecutivo central puedan influir en causas judiciales sensibles.

Colocó el objetivo de esta reestructuración del Ministerio Fiscal en darle una mayor autonomía y, por ello, los ascensos dentro de la Carrera se decidirán en el seno de la Fiscalía General del Estado y no, como ahora, en el ministerio.

Pero más allá de los asuntos que afectan a su labor al frente de Justicia, el ministro socialista ha aprovechado su paso por la Cámara alta para criticar abiertamente que la jueza Beatriz Biedma haya mandado al banquillo de los acusados al hermano del presidente del Gobierno y al líder del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo.

Sin matices, Bolaños juzgó de "sorprendente" que la instructora del "caso David Sánchez" les haya abierto juicio oral por los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias "sin esperar al criterio de la Audiencia Provincial" de Badajoz.

E, incluso, deslizó la posibilidad de que la jueza pacense podría haberse desviado de "los cauces legales" por las "prisas" que -bajo su óptica- ha mostrado al mandar la causa a juicio "si conocer cuál es la decisión del tribunal superior", la Audiencia Provincial.

En cuanto a Gallardo, aún presidente de la Diputación de Badajoz, restó importancia a que haya buscado entrar en la Asamblea de Extremadura y pase a estar aforado ante el Tribunal Superior de Justicia extremeño porque, afirmó, "no implica ninguna impunidad".