El Gobierno aprueba este martes una reforma legal para desvincular el mandato del fiscal general del Estado de la legislatura. El Ejecutivo actúa después de que el Consejo de Europa instara en el último informe del Consejo de Estados Contra la Corrupción (GRECO) a acometer esta necesaria reforma porque el actual modelo "empaña la percepción de autonomía del Ministerio Fiscal". De esta forma, se propondrá que su mandato no coincida con el del Gobierno que le nombra y que sea de cinco años y no de cuatro, como contempla la ley en la actualidad.

Además, la reforma estipulará que solo se podrá apartar al fiscal general por "incumplimiento grave o reiterado de sus funciones" y habiendo escuchado previamente al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En la actualidad, el artículo 31 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por el que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, establece que el mandato del máximo representante del Ministerio Público es de cuatro años y que puede cesar por cuatro motivos: a petición propia, por incurrir en incompatibilidades o prohibiciones establecidas en la ley, por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones y cuando cese el Gobierno.

La reforma legal elimina todos los supuestos excepto el tercero de ellos y establece que el fiscal general no podrá ser llamado a comparecer ante el Consejo de Ministros. Fuentes gubernamentales precisan que la "ambiciosa" modificación legal busca "impedir ceses discrecionales por parte del Gobierno" y fortalecer la autonomía del Ministerio Público. Moncloa asegura que se pretende adaptar la Fiscalía al nuevo papel que tendrá con la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), con la que se dará la instrucción de las causas a los fiscales.

El fiscal jefe nombrará a los fiscales que instruirán las causas

Al respecto, se posibilitará que la Fiscalía pueda dirigir a la Policía Judicial en funciones de investigación de delito; competencia que en la actualidad tienen atribuida los jueces de instrucción. Moncloa avanza que el fiscal jefe será el responsable de nombrar al fiscal o los fiscales encargados de la investigación de cada caso, lo cual implica que si se mantiene la estructura jerárquica de la institución, los fiscales tendrán que rendir cuentas a su superior del avance de las pesquisas.

El anteproyecto también incluye un régimen de abstención y recusación de los fiscales, que será el mismo que el de los jueces y magistrados, regulado en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPD). El Ejecutivo explicará en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la norma "refuerza la transparencia" de la Fiscalía y de las asociaciones de fiscales que no podrán recibir financiación privada ni de gobiernos u organismos extranjeros. Además, prevé la creación de un registro público de los fiscales encargados de preparar a opositores, los cuáles van a necesitar la autorización de la Fiscalía General del Estado para hacerlo.

Reprimenda del Consejo de Europa

La modificación relativa al mandato del fiscal general se produce tras varias advertencias del Consejo de Europa que en reiterados informes del GRECO ha solicitado a España cambios legales ante la "preocupación pública" que genera la vinculación entre ambos. "El GRECO consideró que esta recomendación se había implementado parcialmente en informes de cumplimiento anteriores (...), si bien no se produjo ningún cambio en el método de selección ni en la duración del mandato del Fiscal General, una antigua preocupación que empaña la percepción de autonomía del Ministerio Fiscal en España", expuso en abril.

Además, las asociaciones fiscales también han mostrado sus recelos con la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal no porque estén en contra de que los fiscales asuman la instrucción de las causas, sino porque entienden que aquellos que lo hagan deberían tener independencia jerárquica para poder investigar con libertad. En ese sentido, algunas de ellas como la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) ha reclamado que se realicen antes cambios de calado encaminados a tener un presupuesto propio y una mayor independencia del Ejecutivo para blindar a la Fiscalía y evitar una imagen de parcialidad.