Bruselas, a Puigdemont: el único interlocutor es el Gobierno de España

El independentismo catalán ha intensificado en los últimos meses las gestiones para conseguir al menos abrir una vía de diálogo en la Unión Europea sin conseguir ningún resultado

Puigdemont y Romeva viajaron a EE UU el pasado mes de marzo
Puigdemont y Romeva viajaron a EE UU el pasado mes de marzo

El independentismo catalán ha intensificado en los últimos meses las gestiones para conseguir al menos abrir una vía de diálogo en la Unión Europea sin conseguir ningún resultado.

Bruselas se ha resistido a todas las maniobras del independentismo catalán para conseguir un guiño hacia su proyecto rupturista. A la Generalitat no le ha valido de nada la presión diplomática ni mediática porque las autoridades comunitarias no se han movido del «no» categórico ya no sólo a aceptar su proceso de desconexión, sino incluso a reconocerles la condición de interlocutores. Prueba de ellos son los portazos que han recibido en cada intento de implicar en este proceso a la Comisión de Venecia, un órgano consultivo del Consejo de Europa formado por expertos independientes en el campo del derecho constitucional. A él se ha dirigido por tierra, mar y aire, y utilizando distintos portavoces, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para cosechar el resultado que oficiosamente reconocen dirigentes cercanos al «president», aunque el discurso oficial haya girado por otra vía. Admiten que la respuesta «deja claro que deben actuar conforme a la Constitución y a la legislación vigente, además de solicitar la actuación de la Comisión a través de las autoridades españolas».

El responsable de la acción exterior de la Generalitat, Raül Romeva, siempre ha sido partidario de explotar la respuesta de la Comisión, comunicándola a diplomáticos y miembros de Gobiernos extranjeros pese al «riesgo de saturar a los destinatarios con el envío continuado de mensajes».

Por ello optaron por hacer un comunicado más completo que englobara el mensaje de petición de ayuda a la Comisión de Venecia, con la fecha y la pregunta del referéndum, en cuanto las anunciaron. Les preocupaba que el documento, por la radicalidad y la unilateralidad de sus postulados, tuviera un contenido que no pudiera ser difundido ante la comunidad internacional y el resultado fue el denominado Memorándum 37, informe para distribuir entre los corresponsales extranjeros, miembros del cuerpo diplomático e instituciones internacionales.

Así, a partir del día en el que anunciaron la pregunta y la fecha, Romeva y su Gabinete comenzaron a difundir el Memorándum y a mantener entrevistas, entre ellas las realizadas en Madrid con diplomáticos y medios de prensa extranjera. El objetivo era utilizar a su favor la advertencia de la Comisión sobre la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (TC) impulsada por el Gobierno de Rajoy en la Legislatura de mayoría absoluta del PP. Pero la realidad fue que la propaganda independentista no pudo ocultar que la respuesta dejaba claro que estaban obligados a actuar conforme a la Carta Magna y que, además, ni siquiera se les reconocía como interlocutores.

Pero antes de llegar aquí el Gobierno de Puigdemont ha hecho más intentos de llamar a la puerta europea y en todos con el mismo resultado. Hay que inscribir esta política en el hecho de que en el desarrollo del proceso independentista algunas de las organizaciones que lo protagonizan han mantenido una creciente actividad en el campo internacional buscando el reconocimiento y el apoyo de Estados y de organizaciones internacionales como la OSCE, la ONU y la UE. Ejemplo significativo de estos fracasos fue cuando en noviembre de 2015 Puigdemont, entonces alcalde de Gerona, y Jordi Sánchez, presidente de la ANC, se desplazaron a la sede del Consejo de Europa en Estrasburgo con más de un millón de firmas obtenidas durante el 9-N y no fueron recibidos por ninguna personalidad relevante. Acabaron fotografiándose en el exterior de la institución. Omnium Cultural, que participó en la planificación de la acción, renunció incluso al viaje.

Entre las actuaciones más cercanas está la de Miquel Strubell, colaborador de la OSCE durante años. y miembro fundador de la ANC, quien, junto a otras organizaciones catalanas, a finales de 2016 y principios de 2017 intentó llegar a la Comisión de Venecia a través, precisamente, de la OSCE, organismo que puede solicitar la opinión de la Comisión. Concretamente elaboraron un documento para mandar a la Oficina de Instituciones Democráticas y de los Derechos Humanos, que pertenece a la OSCE, y de ahí llegar a la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho. En la elaboración de ese documento, que solicitaba la valoración de la existencia o no de garantías democráticas en España y la celebración de un referéndum, participaron juristas y académicos independentistas.

Las organizaciones europeas señalaron que no era la vía para presentar una petición de ese estilo. Aun así, el colectivo independentista acudió a políticos catalanes que tenían contactos con el Consejo de Europa, como Jordi Xuclá y el ex juez Santiago Vidal Marsal, que fue miembro de la Delegación española de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE. Táctica que tampoco fructificó. Este fracaso trataron de paliarlo con la difusión del informe en un acto celebrado en Barcelona el pasado mes de marzo. Y de ahí llegaron a la carta enviada por Puigdemont en mayo y que recibió la contestación ya expuesta.

Puigdemont y el movimiento independentista nunca han reconocido hasta ahora que su proyecto de ruptura no ha conseguido ganar la voluntad de ningún agente internacional de peso. Ni que en Bruselas no hay ninguna fisura, en ningún nivel institucional, respecto al apoyo al Gobierno español ante esta amenaza rupturista. Recientemente, en este mismo sentido se pronunciaba el presidente francés Emmanuele Macron. «No puedes ser independiente si los demás no te lo reconocen», señalan en medios diplomáticos.