El procesamiento del hermano del presidente del Gobierno y de otros imputados en la causa abierta contra ellos en Badajoz pone en una tesitura muy complicada a los cargos políticos implicados en los hechos. Especialmente, al presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y la otra decena de cargos del organismo, en su mayoría afiliados al PSOE, que se enfrentan a importantes penas de inhabilitación por esta causa de corrupción.

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, dio este lunes el primer paso para enviarles al banquillo por presuntas irregularidades en la creación y posterior adjudicación de la plaza pública que consiguió David Sánchez a mediados de 2017. En estos nueves meses de causa, la juez ha recabado "suficientes indicios" para actuar contra el músico, el presidente de la Diputación, el exasesor de Moncloa Luis Carrero y exaltos cargos políticos del ente. Les atribuye los delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

En lo que respecta a la prevaricación, pone el foco en cuatro resoluciones relativas todas ellas al puesto que se habría creado adrede para el hermano del líder del PSOE. Se trata de un delito recogido en el artículo 404 del Código Penal y que contempla penas de hasta 15 años de inhabilitación para la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria.

El futuro político de Gallardo

Se enfrentan a este delito la exdirectora de Cultura, Elisa Moriano y la exdiputada de dicha área Cristina Núñez, por la propuesta de creación de esta plaza que se habría impulsado, según la juez, por personas del "entorno más cercano" del músico. También se acerca al banquillo el actual presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo por su resolución de 30 de octubre de 2018 por la que se dispuso de la contratación de Sánchez como coordinador de los conservatorios pacenses.

Mismo delito se atribuye a los diputados socialistas Francisco Martos y Emilia Parejo, por firmar la propuesta de modificación de la plaza con la que se le ascendió a jefe de la Oficina de Artes Escénicas y, también a los cargos de Cultura Ricardo Cabezas Martín y Manuel Candalija. En el caso de estos últimos, la prevaricación estriba por la propuesta de creación de la plaza que se adjudicó Luis Carrero, el exasesor de Moncloa que llamaba "hermanito" a David Sánchez. La juez sospecha que el músico maniobró para enchufarle en la Diputación.

Biedma precisó al respecto que estas resoluciones eran contrarias a Derecho por cuanto que ocultaron la verdadera finalidad de crearle un puesto de trabajo al hermano del líder del PSOE. En su auto avisa que, aunque este delito solo lo puede cometer un funcionario en activo, "son posibles otras formas de participación en el delito" por parte de personas que no ostenten necesariamente la condición de funcionarios. Por ello, adelanta que se pueden considerar "inductores o cooperadores necesarios" los que se beneficiaron de los hechos o los funcionarios que le dieron apariencia de legalidad al procedimiento.

En ese sentido, todos los focos están puestos en Gallardo. El presidente de la Diputación de Badajoz y recientemente reelegido secretario general del PSOE en Extremadura, está a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados por estos hechos. La inhabilitación para cargo público que afronta por esta causa le acerca al fin de su carrera política y pone a Sánchez en una tesitura complicada.

Hasta dos años de cárcel

El presidente del Gobierno ha defendido en numerosas ocasiones la necesaria dimisión de un político tras su imputación. De hecho, él mismo la pidió para cargos del PP como ocurrió con la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Sin embargo, no ha hecho lo propio cuando las imputaciones han recaído sobre personas de su entorno más cercano. En el caso de Gallardo -que se convirtió en uno de sus principales apoyos en la campaña de 2014 para ser elegido secretario general del PSOE- se está ya en la fase de procesamiento por lo que todo apunta a que se le abrirá juicio oral y acabará en el banquillo.

Con todo, además de la prevaricación, la juez atribuye delito de tráfico de influencias para cuatro de los imputados. Se trata de David Sánchez, Luis Carrero; Ricardo Cabezas, en su condición de diputado delegado del área de Cultura, y Manuel Candalija Valle, director del área de Cultura. El artículo 428 del Código Penal determina que el funcionario público o autoridad que influyere en otro funcionario prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo para conseguir una resolución que le pueda genera un beneficio económico para sí o para un tercero, incurrirá en las penas de prisión de seis meses a dos años.

Este tipo penal también contempla inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de cinco a nueve años. Además, si obtuviera el beneficio perseguido, las penas se impondrán en su mitad superior. En su auto, la juez explica que atribuye este delito a David Sánchez por cuanto que utilizó su influencia en la Diputación de Badajoz para conseguir el beneficio propio de que se enchufara a Carrero, quien años antes de su contratación formal ya venía ejerciendo labores para él en la Oficina de Artes Escénicas.

También se lo imputa a Carrero, quien habría utilizado la influencia derivada de su "amistad íntima" con Sánchez para conseguir que se creara su plaza como jefe de sección de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas. Con respecto a Cabezas Martín y Candalija Valle determina que ambos intervinieron en la creación de la plaza dando una "apariencia de legalidad" a un supuesto procedimiento irregular. Correos incautados por la Guardia Civil evidencian que sabían que el puesto era para él antes de que se publicaran las bases del mismo.

Los escritos de acusación

Al respecto, cabe destacar que Cabezas Martín declaró en sede judicial el viernes que Pedro Sánchez le trasladó en 2017 que su hermano era músico. El detalle es relevante puesto que se trata de un alto cargo de la Diputación que terminó contratando a su hermano meses después de esta "conversación informal". Preguntado por el momento exacto en que se produjo el encuentro dijo que fue después de un mitin coincidiendo con su intento para recuperar el liderazgo del PSOE. Cuatro meses después de la contratación de David Sánchez, en noviembre de 2017, Cabezas Martín fue elegido secretario general de los socialistas en Badajoz.

Ahora se abre el plazo para que las partes presenten sus escritos. Se prevé que las defensas recurran el auto de la juez, mientras que las acusaciones, que son las que impulsaron el procedimiento, harán lo propio con sus escritos de acusación. Por lo tanto, se está a la espera de ver qué delitos atribuyen a los imputados las acusaciones populares, que integran, entre otros, Vox, Partido Popular, la asociación Liberum, Hazte Oír, Iustitia Europa y Manos Limpias, siendo esta última la que ostenta la representación letrada de todos ellos.