Contrato de mascarillas

"Caso Koldo": Quién es quién en la trama de mordidas forjada en el Ministerio de Ábalos

Bajo sospecha los contratos en los que intermedió Koldo García, el exasesor del extitular de Transportes, junto a dos empresarios

José Luis Ábalos y Pedro Sánchez
José Luis Ábalos y Pedro Sánchez, en los tiempos de las mascarillasEUROPA PRESS/E. Parra. POOLEUROPA PRESS

La Audiencia Nacional (AN) desarrolla la investigación del «caso Koldo», conocido también como «Operación Delorme», que ha destapado la trama empresarial y de contactos al más alto nivel para el cobro de mordidas en nueve contratos destinados a comprar mascarilla en lo más duro de la pandemia. Las compras se financiaron con casi 53 millones de dinero público que se entregaron a una sociedad que no contaba ni con experiencia previa ni con una actividad sanitaria. Estos son los nombres vinculados con los contratos.

1 José Luis Ábalos. Era el ministro de Transportes cuando se concedió el primer contrato desde una empresa dependiente de esa cartera, Puertos del Estado. Su exasesor, Koldo García, fue nombrado por él mismo vocal del Consejo Rector de esa empresa pública y fue quien intermedió para la adjudicación del primer contrato. También conocía al empresario Víctor de Aldama, presidente del Zamora CF y otro de los protagonistas del caso, con quien se le ha visto en unas fotografías en México, en diciembre de 2018. Tras su designación como «Autoridad Competente a los efectos del estado de alarma», Ábalos designó a Puertos del Estado como órgano de contratación y ordenó la compra de mascarillas. Puertos del Estado adjudicó el primer contrato que celebró Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas SL con una administración pública por 24 millones de euros. La empresa nunca había trabajado con el sector público. Hombre fuerte de Pedro Sánchez, dejó su cargo de forma sorpresiva y sin explicaciones en julio de 2021. Aunque tiene numerosos nexos con los protagonistas de la trama, él no está siendo investigado por el juez.

2 Koldo García. Era el asesor de José Luis Ábalos cuando este lideraba Transportes, su mano derecha. Y fue concejal en la localidad navarra de Huarte en 2011 por el PSN. Comenzó trabajando como portero en un club nocturno y también fue guardaespaldas. Vio cómo su suerte cambiaba cuando se volvió inseparable del exministro, al que acompañaba a todos los lugares, incluido el viaje a México de diciembre de 2018, donde conoció a Víctor de Aldama, con el que estableció una relación estrecha a partir de ese momento. Una vez en Transportes, Ábalos lo nombra vocal del consejo rector de Puertos del Estado y también vocal de Renfe Mercancías. La Fiscalía Anticorrupción señala a García como el intermediario para que el ministerio contratara con Soluciones de Gestión y lo habría hecho a cambio del pago de comisiones ilegales.

3 Víctor de Aldama. Era el conseguidor, el que tenía los contactos, el que negoció el contrato con Transportes, donde tenía un «pase especial», el que habló con las empresas proveedoras de distintas países para traer las mascarillas, el que utilizó sus contactos con Air Europa para transportar varios pedidos. Facturó a Soluciones de Gestión casi 6,7 millones de euros entre 2020 y 2021a través de dos de sus sociedades, que previamente a los contratos apenas tenían actividad empresarial. Es propietario del Zamora CF y cercano al empresario Juan Carlos Cueto. Junto a él y a Koldo, formaron la tríada que maniobró para hacerse con los contratos.

4 Juan Carlos Cueto. Se le identifica como el cerebro empresarial de la trama del «caso Koldo» y como administrador de hecho de la sociedad Soluciones de Gestión, la adjudicataria, cuyo administrador formal era Íñigo Rotaeche, aunque este consultaba todo con el empresario, titular del Grupo Cueto. Según Anticorrupción, el grupo se habría embolsado el 35% de los fondos públicos que se están investigando. No está claro por qué Soluciones de Gestión accedió a los contratos sin contar con la experiencia ni la calificación para hacerse con las distintas contrataciones públicas.

5 Patricia Uriz. Es la esposa de Koldo García, el exasesor de José Luis Ábalos, y también se le investiga por su implicación. Nacida en Pamplona en 1976, era militante del PSOE. Manejaba elevadas sumas de dinero en efectivo y transferencias y ayudó a su pareja a adquirir una serie de inmuebles, principalmente en la costa alicantina, algunos pagados sin financiación bancaria ni hipotecas. La investigación señala que podría poseer una caja fuerte de la que extraía el dinero en metálico proveniente de las comisiones.

6 Joseba García. Koldo García utilizó a varios integrantes de su familia para realizar diferentes movimientos de dinero cuyo origen se desconoce. Lo hacía mediante la entrega y solicitud de distintas cantidades de efectivo y de transferencias cuya procedencia tampoco estaba justificada. Su hermano Joseba, que también está siendo investigado en el procedimiento, fue una de estas personas a las que enviaba y pedía distintas cantidades de efectivo que después utilizaba para comprar inmuebles o para adelantar el pago de hipotecas y otros préstamos con el banco.

7 Francisco Toledo. En febrero de 2020, un mes antes de que se adjudicara el primer contrato a Soluciones del Gestión, Ábalos lo nombra presidente de Puertos del Estado y se le considera un hombre cercano al exministro de Transportes. El 21 de marzo, Toledo indica en un documento de la empresa pública que Ábalos, como «Autoridad Competente a los efectos del estado de alarma», ordenó que las compras de mascarillas se centralizaran en Puertos del Estado, que solo recibió la oferta de Soluciones de gestión un día antes mediante una factura proforma que él validó. No se sabe cómo dieron con esta sociedad. Desde Puertos, flexibilizaron las condiciones de entrega de las mascarillas y también el requisito de aportar un aval bancario. Toledo abandonó su cargo de manera fulminante, solo unos meses después de la salida de Ábalos. Él tampoco está siendo investigado, pero ostentaba el más alto cargo de la empresa que adjudicó el primer contrato público a Soluciones de Gestión. El entonces secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez, también fue destituido hace unos días por pérdida de confianza del actual titular de Transportes, Óscar Puente.

8 Isabel Pardo de Vera. Era presidenta de Adif, empresa dependiente de Transportes, durante la pandemia y desde ahí se adjudicó el segundo contrato a la empresa de la trama, Soluciones de Gestión. En su declaración a la Guardia Civil, negó que la hubiesen presionado para contratar con esta sociedad y solo reconoció que existía presión para que la adjudicación «se realizara con la mayor premura posible y la disponibilidad de mascarillas fuera lo más rápida». En un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) se confirma que Adif contrató con Soluciones de Gestión porque ya contaba con el antecedente de haber contratado con otra empresa pública, Puertos del Estado. Pardo de Vera tampoco está siendo investigada por el juez instructor del «caso Koldo».

9 Francina Armengol. La actual presidenta del Congreso de los Diputados adjudicó un contrato por el procedimiento de emergencia –al igual que los anteriores– a la empresa de la trama por un importe de 3,7 millones de euros para adquirir mascarillas para el Servicio de Salud de las Islas Baleares cuando ella era presidenta de esa comunidad autónoma. Después, les reclamó la devolución de 2,6 millones de euros por la entrega de una partida defectuosa. Un informe de la UCO deja constancia de algunas lagunas y que «el hecho de ejecutarse la prestación del servicio antes de la formalización del mismo es indiciario de que la adjudicación estaría preconcedida», algo que no está permitido. Armengol no está investigada.

10 Ángel Víctor Torres. El actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática adjudicó cuatro contratos a Soluciones de Gestión cuando era presidente de las Islas Canarias. Hubo una partida reclamada por no ajustarse a los requisitos, pero, en vez de exigir la devolución, hizo un «trueque» para que la facturación no variara. En total, fueron cerca de 7,5 millones de euros. El ministro no está imputado y negó que le hubiesen presionado para realizar esta adjudicación.