Puertos del Estado flexibilizó la exigencia de un aval bancario a la empresa del “caso Koldo”

La empresa pública Puertos del Estado, la puerta de entrada para que la sociedad de la trama del “caso Koldo” se presentase como suministrador de diferentes administraciones públicas, flexibilizó uno de los requisitos fundamentales que debía cumplir Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas SL para ser el proveedor de los ocho millones de mascarillas que adquirió. Y es que no fue necesario que aportara un aval bancario, un requisito que se exigía a pesar de ser una contratación de emergencia.

Este tipo de contrataciones son más flexibles: no es necesario –aunque sí recomendable- solicitar varias ofertas y la adjudicación se puede realizar sin publicidad. A ello se suma el hecho de que Soluciones de Gestión no tenía una actividad previa relacionada con el suministro de material sanitario y que nunca había sido proveedor de empresas públicas. Todo fue muy flexible. Esa flexibilidad también se extendió a la aportación del aval bancario requerido.

Tal como consta en los documentos del sumario de la Audiencia Nacional, que investiga la trama para el cobro de comisiones ilegales vinculadas a nueve contratos adjudicado por un importe de más de 52 millones de euros, el origen de las adjudicaciones se encuentra en el Ministerio de Transportes cuando era liderado por José Luis Ábalos. Y todo partió por Puertos del Estado, dependiente de esta cartera.

La situación de estado de alarma y la enorme preocupación e incertidumbre que existía en marzo de 2020 por la expansión y la mortalidad que dejó la pandemia configuró un escenario idóneo para que se saltaran numerosos controles. Y se dieron numerosos pasos para que, dentro del Ministerio de Transportes, se abriera unaentrada a Soluciones de Gestión a las contrataciones públicas.

Por una parte, en febrero de 2020, solo un mes antes de la primera contratación, Ábalos nombró a un hombre cercano y de su entera confianza al frente de Puertos del Estado: el también valenciano Francisco Toledo.

El 21 de marzo, Toledo indica en un documento que forma parte del sumario que el reconocimiento legal al entonces ministro de Transportes como “Autoridad Competente a los efectos del estado de alarma” dio víalibre para que elministerio dictaseeldía anterior, el 20 de marzo, una “orden expresa a Puertos del Estado” para la "contratación del suministro aludido”. Es decir, Ábalos fue quien decidió elegir a Puertos del Estado como órgano de contratación, apoyándose en la normativa que regía al estado de alarma.

Esta decisión, según el documento firmado por Toledo, se basa “en atención a la agilidad del régimen flexible de fiscalización y control, así como a la disponibilidad financiera de dicho organismo público”. Otra de las ventajasque señala es que, a tratarse deuna adjudicación de emergencia, "no existe obligación de tramitar expediente de contratación”. En este documento no menciona en ningún momento a Soluciones de Gestión, solo se da cuenta de una suerte de exposición de motivos por las que Puertos del Estado se utiliza como órgano centralizado de contratación.

Sin embargo, un día antes, el 20 de marzo, Soluciones de Gestión ya había emitido una factura pro forma con las características solicitadas y descritas por Toledo. Según consta en el sumario, Toledo firmó esta factura el mismo día 21 de marzo. Es decir, ya tenía conocimiento previo de que la empresa de la trama del “caso Koldo” podía proveer el pedido de mascarillas que se iba a centralizar a través de Puertos del Estado.

Adjudicación sin aval bancario

Todo se dio para que Soluciones de Gestión pudiera ser el suministrador de los ocho millones de mascarillas por importe de 20 millones de euros sin IVA, 24 millones con impuestos incluidos. En una nota del 27 de marzo, se aprobaba una modificación de la oferta de esa empresa, un documento que contó con la firma delos responsables de Asesoría Jurídica y de Contratación de Puertos del Estado. En el contenido del mismo, se da cuenta de las condiciones iniciales que se pactaron y de los cambios, aludiendo a una orden dada por el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

"En este contexto de extrema urgencia, y dando cumplimiento inmediato a lo ordenado por el Ministro, Puertos del Estado solicita oferta a la mercantil Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L. (en adelante “Soluciones”) que oferta, con esa misma fecha, 20 de marzo, la realización del suministro” bajo unas condiciones que después cambiaron.

En el documento se señala que en las condiciones iniciales se preveía el “pago por anticipado del 50% del valor de la oferta, contra emisión de aval bancario” y la entrega en 48% del lote de ocho millones de mascarillas. También se reseña que “se considerará realizado el pedido cuando se haya realizado el pago anticipado y constituido el aval correspondiente al mismo”.

Sin embargo, aunque reconoce que “resultaba esencial la obtención de un aval bancario que garantizase el pago anticipado”, dada la “enorme dificultad fáctica” para obtenerlo por parte de una entidad bancaria, elviernes, 20 de marzo, con el fin de "solventar esta situación”y garantizar “el pago anticipado que Puertos del Estado debía efectuar para realizar el pedido de forma inmediata”,se buscó una solución alternativa.

Esta solución no la propuso la sociedad adjudicataria, sino Puertos del Estado. Se planteó a Soluciones de Gestión "la firma de una orden irrevocable de bloqueo de la cuenta destinataria de los fondos en concepto de pago anticipado”, una carta que tenían que firmar la adjudicataria, la empresa pública "y con toma de razón del Banco”, una operación que debía revisar la asesoría jurídica del banco por su supuesta "fuerza vinculante" para la entidad, sostiene el escrito de la empresa dependiente de Transportes.

Este extremo también fue confirmado en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, donde se indica que el 23 de marzo de 2020, "Soluciones de Gestión confecciona un documento donde plasma que ante la imposibilidad de obtener un aval bancario antes del plazo de entrega del suministro de material, obliga a las partes firmantes a realizar un bloqueo en la cuenta bancaria titularidad de Soluciones por valor de 10.000.000 €”.

Condiciones más flexibles

La autorización solo se obtuvo el martes 24 de marzo, “fecha en la que se ordenó la transferencia”. Solo en esa fecha se habría realizado formalmente el pedido, indica el texto. Después se explica que el hecho de que el pago se hubiera realizado el 24 de marzo "motivó la pérdida de la mercancía y el avión pre-reservados por Soluciones”, señala. Y nuevamente se flexiblizaron las condiciones iniciales: en vez de proveer las mascarillas en el plazo de 48 horas, se entregaron en tres plazos “escalonados”, siete en total, según consta en el informe de la Guardia Civil.

Hay más facilidades. La empresa pública Puertos del Estado se ofrece a fletar “un avión militar o civil por su propia cuenta en cuyo caso se aplicará un descuento de 224.000 euros por este concepto”, señala el documento. También se cambia la ficha técnica de la mascarilla, aunque se sostiene que en ambos casos se ofrecen los mismos niveles de protección frente al contagio.

A pesar de todos estos cambios y modificaciones, el 13 de agosto de 2020 Álvaro Sánchez expidió un certificado, con logo del Ministerio de Transportes y de Puertos del Estado, en el que avalaba la operación de provisión de mascarillas realizada por la empresa de la trama.“La empresa adjudicataria ejecutó la totalidad del contrato con arreglo a las condiciones establecidas, iniciando el suministro en la fecha del acuerdo de adjudicación, y finalizándolo el 8 de mayo de 2020”, indica el documento que avala toda la operación. Sánchez fue cesado ayer como secretario general de Puertos del Estado por el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, por pérdida de confianza.