"Caso Miguel Ángel Blanco": el PP, Marimar Blanco y las asociaciones de víctimas piden la prórroga de la investigación

El PP, Marimar Blanco, Dignidad y Justicia y la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) han pedido al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que amplíe otros seis meses la investigación por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, cuya última prórroga termina el próximo sábado. En los escritos que han remitido al instructor, las acusaciones justifican la medida -que prolongaría al menos hasta el 11 de agosto la investigación a cuatro exjefes de ETA- en que restan todavía diligencias de investigación pendiente, sobre todo la declaración de tres de los cuatro exdirigente etarras.

Tanto María Soledad Iparraguirre, "Anboto", como José Javier Arizcuren Ruiz, "Kantauri", e Ignacio Gracia Arregi, "Iñaki de Rentería" se acogieron en su día al principio de especialidad y se negaron a declarar sobre su supuesta responsabilidad en la acción criminal, esgrimiendo que Francia no les entregó por esta causa. Las autoridades francesas acordaron en mayo del pasado año la ampliación de entrega respecto a "Kantauri", lo que despeja ese obstáculo procesal para continuar la instrucción respecto a él, pero sin embargo no se ha pronunciado aún en relación a "Anboto" y Gracia Arregi, que finalmente optó por renunciar al principio de especialidad. El cuarto investigado, Mikel Albisu, "Mikel Antza", declaró al instructor que ya fue condenado en Francia por su pertenencia a ETA y al haber cumplido su condena considera que no debe responder penalmente en España por su actividad terrorista.

En el escrito en el que solicitó la ampliación de la prórroga, el PP insistió al instructor al solicitar la prórroga que estaba pendiente de resolver también su petición de procesamiento de mayo de 2023, en la que reiteró su solicitud de septiembre del año anterior, en relación a los cuatro exintegrantes etarras. El Partido Popular puso en valor entonces las declaraciones efectuadas por dos testigos protegidos, exmiembros de ETA, en el marco de la investigación por el asesinato de Gregorio Ordóñez, en las que señalaron la responsabilidad que tenía la cúpula terrorista en la fijación de políticos como objetivos de los "comandos", corroborando que era la Zuba o comité ejecutivo la que daba la orden.

El secuestro de un concejal del PP, "prioridad" para ETA

García Castellón explica en la resolución en la que -tras la querella interpuesta por Dignidad y Justicia contra varios exjefes de ETA- acordó la imputación de "Anboto", "Mikel Antza" y "Kantarui" (la de "Iñaki de Rentería" se produjo tras un tira y afloja con la Fiscalía en relación a la posible prescripción de los hechos, que incluso provocó discrepancias entre el fiscal del caso y la Fiscalía General del Estado), que en 1996 el secuestro de un concejal del PP "era una prioridad absoluta" para ETA, cuya dirección instó a acometer la acción criminal "lo antes posible". Esa pretensión se evidencia, según el magistrado, en unas anotaciones manuscritas atribuidas a “Kantauri”, entonces al frente de los “comandos ilegales”, que fueron enviadas al “comando Vizcaya”.

"Partiendo de esa fuerte jerarquía reinante en ETA, en la que imperaba la disciplina y la organización", las órdenes seguían "una cadena de mando" vertical y "militar" desde el comité ejecutivo a los terroristas "para ser cumplidas". Justamente por esa posición de dominio, García Castellón sostiene que los exjefes de ETA investigados pudieron haber evitado el asesinato del concejal del PP, dada su "suficiente capacidad de mando y de decisión sobre la actividad terrorista de la organización", por lo que les atribuye la planificación del secuestro y asesinato y la orden de ejecutarlo.