El juez amplía seis meses más la investigación por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco

La investigación por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco continuará seis meses más. Así lo ha acordado el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que ha accedido a la petición efectuada por el PP -que respaldaron tanto la Fiscalía como la AVT, Dignidad y Justicia y Marimar Blanco, la hermana del edil de Ermua-, lo que prolongará la instrucción hasta el 11 de febrero del próximo año.

En una resolución a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, el magistrado argumenta que restan por declarar tres de los cuatro exjefes de ETA investigados, unas comparecencias que considera "esenciales" para garantizar su derecho de defensa.

Soledad Iparraguirre, "Anboto", y José Javier Arizcuren Ruiz, "Kantauri" -que el pasado febrero se acogieron a su derecho a no declarar porque las autoridades francesas no autorizaron su entrega por esta causa- no han sido interrogados aún a la espera del plácet de las autoridades galas. Otro de los imputados, Ignacio Gracia Arregui, "Iñaki de Rentería" -que se encuentra en libertad y renunció recientemente al principio de especialidad, lo que agilizará su toma de declaración- también debe comparecer ante el juez. El cuarto imputado, Mikel Albisu, "Mikel Antza" (también en libertad) se limitó a decir al instructor en julio del pasado año que ya fue condenado en Francia por su pertenencia a ETA y cumplió su condena, lo que según su defensa le exime de responder penalmente en España por su actividad terrorista.

Investigación de "carácter complejo"

En el escrito en el que acuerda la medida, García Castellón asegura que tras esas declaraciones es previsible que sus abogados reclamen más diligencias de investigación o que las acusaciones soliciten "nuevas líneas de instrucción". Además, reseña, "resta por practicarse una amplia variedad de diligencias de instrucción" que, en caso de concluir ahora la investigación (que expiraba el próximo 11 de agosto) "no sería posible" llevar a cabo.

Además, añade, ninguna de las partes (tampoco las defensas) "ha mostrado su oposición a la prórroga", lo que según destaca avala que indica que sería "prematuro" cerrar la investigación en estos momentos, "cuando restan por practicar relevantes diligencias de las que podría derivarse la necesidad de otras ulteriores" para esclarecer qué papel jugaron los integrantes de la comisión ejecutiva en la fecha de los hechos -entre el 10 y 12 de julio de 1997- en el secuestro y posterior asesinato del joven concejal del PP en Ermua.

El instructor también alude al "carácter complejo" de los hechos para acordar la prórroga.

Declaración de dos etarras arrepentidos

En el escrito en el que respaldaba la medida, la Fiscalía se refirió también a las declaraciones como testigos protegidos de dos exmiembros de ETA -en el marco de la investigación por el asesinato de Gregorio Ordóñez- en las que apuntalaban la responsabilidad de la cúpula etarra en los atentados contra políticos, en los que según corroboraron era la cúpula la que daba la orden. A la espera de la incorporación efectiva al procedimiento de esos testimonios, argumentaba el fiscal Miguel Ángel Carballo, el Ministerio Público podría pronunciarse "sobre la nueva petición de procesamiento".

La Fiscalía justifica la prolongación de la instrucción en la necesidad de "poder establecer los hechos y atribuirlos a otros que también pudieran ser sus responsables", en concepto de "inductores", con "todas sus consecuencias".

Según García Castellón, los cuatro exjefes de ETA contra los que se querelló Dignidad y Justicia (que también apoya la prórroga de la investigación) eran "plenamente conscientes" de su "posición de mando" dentro de ETA, así como de su "amplia capacidad de actuación", que incluía no solo la posibilidad de "ordenar la comisión de acciones terroristas concretas", sino también "evitar las mismas", tal y como defendía en la querella contra la excúpula de ETA el entonces letrado de Dignidad y Justicia Miguel Ángel Rodríguez Arias.

Los informes policiales coinciden en que en el verano de 1997 el secuestro de un concejal del PP era una prioridad absoluta para la cúpula etarra. Policía y Guardia Civil constataron en sus informes que mientras ETA llevó a cabo su "estrategia de desestabilización" a través de una cadena de atentados entre 1995 y 1998 que tenían a políticos del PP como objetivos prioritarios, los cuatro exjefes de ETA investigados eran miembros de la Zuba: Gracia Arregui al frente primero del "aparato militar" y después del "logístico"; "Kantauri", como responsable de los "comandos ilegales"; Soledad Iparraguirre, al frente de los "comandos legales" y "Mikel Antza", del "aparato político".