Cataluña y el laberinto de la reforma constitucional

El Gobierno quiere un modelo federal que necesitaría el apoyo del independentismo y del PP.

El nuevo Gobierno del PSOE ha decidido acercarse a Cataluña por la vía de la reforma constitucional. Un tortuoso camino que necesitaría del apoyo del PP en el Congreso y el Senado y contentar al independentismo para encontrar una salida, algo que parece del todo inviable tras la moción de censura y el salto de Pedro Sánchez a la Moncloa.

Ayer, en su primer acto como ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet esbozó las líneas maestras del plan socialista y habló de «superar la crisis institucional» y «territorial» que vive el Estado con una reforma de la Constitución «urgente, viable y deseable». Un mensaje político lleno de simbolismo, en un encuentro con el PSC en Barcelona y un día después de que Sánchez y Quim Torra apalabraran una reunión que debe producirse en las próximas semanas.

Con este anuncio, además, el PSOE busca recuperar y poner sobre el tablero político su iniciativa estrella: la reforma de la Constitución en clave federal. Una medida desdeñada por PP y Ciudadanos en la comisión que los socialistas han impulsado en el Congreso y a la que no han acudido ni Podemos, ni el PNV ni los partidos independentistas (PdeCAT y Esquerra).

De hecho, ayer Batet tuvo que pedir públicamente a los partidos que acudan a la comisión para empezar debatir esta hipotética reforma del modelo territorial. «El diálogo en sí mismo se ha convertido en un objetivo político de primer orden», aseguró la ministra, quien también reclamó «confianza y lealtad entre Gobiernos».

«Hace 40 años que tenemos esta Constitución, somos una democracia consolidada y con una fortaleza suficiente para afrontar una reflexión profunda conjuntamente», remarcó la ministra para explicar la viabilidad de la propuesta a ojos de los socialistas. Un guante que recogió a regañadientes el propio president Torra, quien alabó «las propuestas» que llegan del bando socialista, aunque avisó de que el Govern parte «del referéndum del 1 de octubre y de la declaración política del 27 de octubre».

Además de tener que convencer a los independentistas, lo cierto es que el PSOE fía su solución a una reforma complicada, que requiere de consensos parlamentarios inéditos hasta la fecha para obtener luz verde. La propia Carta Magna recoge en su artículo 168 cómo debería ser su modificación en clave territorial. Al tratarse de una cuestión de calado que afectaría al título preliminar –habría que sustituir el modelo autonómico por uno de federal, con todo lo que eso conllevaría–, el cambio debería estar avalado por dos tercios del Congreso y del Senado. Es decir, tendrían que votar a favor 234 diputados y 177 senadores.

Una aritmética prácticamente imposible, que sólo se daría si el PP se sumara a la modificación estrella del PSOE, que no tendría suficiente con el voto a favor del resto de fuerzas, ni siquiera de Ciudadanos.

Luego, se tendrían que disolver las Cortes, se convocarían elecciones y el gobierno que surgiera de las urnas debería impulsar un nuevo redactado que se sometería a referéndum. Un laberinto intransitable que sólo ha visto la luz en dos ocasiones: en 1992, para que los ciudadanos extranjeros pudieran votar y ser elegidos en las municipales; y en 2011, cuando José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy pactaron incluir el principio de estabilidad presupuestaria en el artículo 135.

Además, también hay que tener en cuenta que ahora las diferencias entre partidos son de calado: Ciudadanos limita la reforma de la Carta Magna a modificaciones en los aforamientos y en la ley electoral para apuntalar su mensaje de regeneración democrática, mientras que el PP apuesta por un cambio en el sistema de financiación. Sin contar con el bloque independentista, muy escéptico con una reforma federal que nunca han querido contemplar. De hecho, la hoja de ruta de Junts per Catalunya y ERC es clara y pasa por un reconcimiento explícito del derecho de autodeterminación de Cataluña en la Constitución, una línea roja que invalida la reforma federal y que el PSOE no cruzará.