El Gobierno traslada a la Península cerca de 6.000 migrantes entre las quejas autonómicas por la "opacidad y el descontrol"

La preocupación por la crisis migratoria crece al mismo ritmo que lo hacen las llegadas de pateras y cayucos repletas de migrantes ilegales a Canarias. Las cifras se disparan y el archipiélago no cesa de denunciar la situación y reclamar ayudas para atender a todas las personas que alcanzan las islas. Los centros de acogida del archipiélago están desbordados y las autoridades canarias no cesan de denunciar que no disponen de suficientes medios para afrontar la situación.

Entre tanto, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en funciones, José Luis Escrivá, ha cifrado entre 5.000 y 6.000 los migrantes que han trasladado en las últimas semanas desde Canarias a la península para descongestionar los centros de primera acogida en el archipiélago ante las incesantes llegadas de cayucos a las islas. En declaraciones a los periodistas después de asistir ayer al acto de presentación de los embajadores olímpicos de los centros de refugiados, el ministro subrayó que en estos momentos hay 13.000 migrantes en la red de acogida estatal: 6.000 en las islas y 7.000 en la Península, aunque «no todos vienen de Canarias», precisó.

Entre los emplazamientos que ya están siendo acondicionados para esa acogida, el ministro confirmó que junto a los que instalarán en el acuartelamiento General Arteaga en el madrileño barrio de Carabanchel y en un cuartel sin uso militar en Alcalá de Henares (Madrid), se montarán campamentos temporales en un antiguo hospital militar en Cartagena (Murcia) y en Sevilla.

La crisis migratoria que atraviesa el archipiélago, donde solo en octubre arribaron más de 13.000 personas, ha hecho que Migraciones agilice los traslados a la Península de los migrantes que llegan para liberar los recursos de las islas y que busquen nuevos emplazamientos –varios en terrenos y cuarteles en desuso cedidos por Defensa– para alojar a estas personas.

«Tenemos una gestión integral, es decir, tenemos toda una red de centros de acogida, algunos contingentes y, según las situaciones, vamos viendo dónde es la mejor ubicación, también en función de los perfiles de las personas que van llegando», explicó Escrivá.

«Contamos con planes contingentes que vamos desplegando por si la situación requiere una mayor acogida puntual, pero no debemos hablar de cifras concretas porque es muy difícil anticipar las personas que van a llegar», añadió.

El ministro remarcó que la acogida de las personas migrantes que llegan a Canarias tienen una «dimensión mucho menor» que la que el Gobierno prestó a los refugiados ucranianos porque en esa ocasión se concedió protección temporal (permiso de trabajo y residencia) a 200.000 personas.

Las declaraciones de Escrivá y la gestión del Ejecutivo central de la crisis migratoria no convencen a los populares. Tal es así que las comunidades del PP han declarado la guerra al Gobierno. Isabel Díaz Ayuso encabezó la rebelión criticando la falta de información en los traslados masivos de migrantes a la península. La presidenta de la Comunidad de Madrid criticó ayer que, «con nocturnidad», el Gobierno de España esté enviando a los migrantes a la Península y cifró en más de mil los llegados a la capital de España sin recibir ningún tipo de comunicación.

Tras Ayuso, arreciaron las críticas de otros gobiernos autonómicos del PP. Desde Almería, el coordinador general del PP, Elías Bendodo, censuró el «desbordamiento de la inmigración» en el país y reclamó al Ejecutivo central que no actúe de forma «unilateral» en los traslados. Después, en cascada, los Gobiernos de Andalucía y Murcia acusaron al Gobierno de «opacidad», «descontrol» y «falta de transparencia».

Estas manifestaciones indignaron a Escrivá, que argumentó que lo que está pasando es que «se está intentando hacer una utilización xenófoba y política oportunista con este asunto». Asimismo, insistió en que «se está haciendo una amplificación artificial de algo que es relativamente manejable y natural».

Ante el aluvión de críticas, José Luis Escrivá calificó de «xenofobia» algunos de los comentarios realizados por dirigentes populares. «España es un país que lleva años gestionando crisis, porque tenemos la geografía que tenemos, con una solvencia y naturalidad notable. Somos una referencia internacional y esta vez es igual que todas y lo estamos haciendo con mucha tranquilidad», dijo el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que también recalcó la «utilización oportunista de episodios como este para exacerbar instintos xenófobos». Respecto a la falta de comunicación sobre los traslados, afirmó que «siempre» se informa a las autoridades locales y autonómicas una vez el emplazamiento está «perfectamente identificado y van a llegar allí».