El CGPJ y el Tribunal Supremo ya tienen presidenta: los vocales eligen a la magistrada Isabel Perelló

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha elegido a la magistrada Isabel Perelló nueva presidenta de la institución y del Tribunal Supremo (TS). Perelló -quien desde 2009 forma parte de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal, se convierte así en la primera mujer al frente de la máxima magistratura, desde su creación en 1812, y del órgano de gobierno de los jueces tras obtener de forma holgada la mayoría de 3/5 necesaria, al concitar 16 de los 20 votos de los vocales. Su oponente, la también magistrada del Supremo Ana Ferrer, ha obtenido cuatro apoyos en la votación decisiva.

Fuentes del sector conservador inciden en que Perelló (Sabadell, 1958), de perfil progresista y afiliada a la asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), "ha demostrado su independencia" y ponen en valor que con esta designación "se ha evitado una presidencia afín a Moncloa", que apostaba por las magistradas Pilar Teso o Ana María Ferrer. "Es un perfil parecido al de Pablo Lucas, pero en mujer", apuntan en referencia a la otra apuesta de consenso de los vocales conservadores, que no salió adelante al sumar solo diez de los veinte votos.

"Por primera vez en la historia del CGPJ, son los vocales lo que eligen a su presidente. No ha habido llamadas de políticos", aseguran las fuentes consultadas, que destacan que Perelló se haya pronunciado en contra del "lawfare" en la judicatura y que haya defendido "la independencia del Tribunal Supremo" frente a los ataques de políticos independentistas.

La elección se ha producido tras acotar esta misma mañana a dos magistradas la elección de su presidencia y la del Tribunal Supremo (TS), a 48 horas del acto de apertura del Año Judicial que preside el Rey. Tras varias reuniones infructuosas desde el pasado julio, el Pleno del órgano de gobierno de los jueces tendrá que elegir entre las magistradas del Supremo Ana María Ferrer, quien desde el principio ha estado en la lista de aspirantes consensuada por los vocales, e Isabel Perelló.

Quedan así fuera la principal candidata del sector progresista, la magistrada Pilar Teso, y el magistrado Pablo Lucas, que el sector conservador propuso como solución de consenso. Tras este acuerdo, los vocales se volverán a reunir a partir de las doce para la votación, en la que la elegida necesita concitar al menos doce de los veinte votos, la mayoría de 3/5 que fija la ley.

Quién es Isabel Perelló

Isabel Perelló es magistrada de la Sala Tercera del alto tribunal desde 2009, tras pasar por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y en la Audiencia Nacional, siempre en la jurisdicción contencioso-administrativa, y por el Tribunal Constitucional como letrada.

Su primer cometido como presidenta del Tribunal Supremo será el próximo jueves, en el solemne acto de apertura del Año Judicial, en el que pronunciará el tradicional discurso que, junto al del fiscal general del Estado y en presencia del Rey y de la cúpula de la magistratura, marca el comienzo del calendario judicial.

Perelló fue la ponente de la resolución del Tribunal Supremo que rechazó el recuento de más de 30.000 votos nulos en Madrid en las elecciones generales de julio del pasado año, como pretendía el PSOE, oponiéndose a una revisión "preventiva" en busca de "alguna errónea apreciación del voto nulo favorable" a los socialistas, que pugnaban por un escaño controvertido que finalmente fue a parar al PP. "La mera diferencia numérica en los resultados", expuso la Sala de Vacaciones del alto tribunal en contra del criterio de la Fiscalía, "no es base suficiente para la revisión". Para la Sala, el PSOE no aportó "elementos lógicos, datos aritméticos o cálculos estadísticos solventes" que permitiesen verificar, ni siquiera "hipotéticamente" esa revisión de los votos.

En 2017, Perelló fue la ponente de la sentencia que anuló el cese del presidente de la Comisión Nacional de las Telecomunicaciones (CMT), Bernardo de Lorenzo, y del consejero Xavier Ormaetxea, que habían sido apartados del cargo en 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy tras la fusión de varios organismos reguladores bajo el paraguas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. El Supremo consideró contrarios a derecho esos ceses, que ambos altos cargos recurrieron ante el alto tribunal.

Ana Ferrer era la otra candidata

Su oponente en la votación, Ana María Ferrer (1959), que formó parte del tribunal del "procés", ya sabe lo que es romper techos de cristal en la judicatura, pues en abril de 2014 se convirtió en la primera mujer en formar parte de la Sala Penal del Tribunal Supremo. Recientemente se opuso a la decisión de la Sala de no aplicar la amnistía a Oriol Junqueras y defendió que el delito de malversación por el que sigue inhabilitado (y por el que también está procesado Carles Puigdemont) sí entra dentro del objeto de aplicación de la medida de gracia, en contra de lo que defienden sus compañeros del tribunal y el juez de la causa del "procés", Pablo Llarena.

En ese voto particular, Ferrer cuestionaba la decisión del tribunal de excluir la malversación agravada del "próces" del ámbito de aplicación de la ley de amnistía al defender que el desvío de dinero público se efectuó con el propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial (ánimo de lucro) y afectó a los intereses financieros de la Unión Europea, dos de las causas de exclusión de la medida de gracia.

La magistrada -que estaba a favor de plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que este zanjara la controversia- dijo no apreciar "un ánimo de enriquecimiento personal" en los condenados "entendido como mejora de su situación patrimonial". Por este motivo, argumentó, "asimilar ahora el desvió de fondos a la persecución de un objetivo político ilícito, con el ánimo de obtener un beneficio particular económicamente evaluable, resulta la incorporación de un matiz novedoso, a la vez que peligroso, en cuanto retuerce los perfiles del ánimo de lucro". "Podemos discutir la constitucionalidad de la Ley, o su adaptación al derecho comunitario -afirmaba-, pero lo que no podemos los jueces es hacer interpretaciones que impidan la vigencia de la norma".

Además, la magistrada progresista también discrepó en un voto particular de la sentencia que condenó a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el fraude de los ERE.

Los requisitos que la ley establece para presidir alto tribunal y el CGPJ son ser miembro de la carrera judicial con la categoría de magistrado del Tribunal Supremo y reunir las condiciones exigidas para ser presidente de Sala del mismo, o bien ser un jurista de reconocida competencia con más de 25 años de antigüedad en el ejercicio de su profesión.

En la sesión constitutiva del nuevo Consejo, celebrada el pasado 25 de julio, los vocales propusieron a siete candidatos, todos magistrados del Tribunal Supremo: cinco mujeres y dos hombres. Pilar Teso, Ana María Ferrer y Ángeles Huet fueron las apuestas del bloque progresista, mientras que sus compañeros conservadores se decantaron por Antonio del Moral, Pablo Lucas, Carmen Lamela y Esperanza Córdoba.

Ninguno concitó los apoyos necesarios, ni siquiera cuando la terna se redujo a Teso y Lucas, que obtuvieron cada uno diez votos, lo que llevó al Pleno a volver a abrir la lista a los siete aspirantes inicialmente propuestos.

Tras las estériles reuniones de agosto, el Pleno retomó el proceso de elección ayer mismo, y ante un nuevo fracaso en la negociación, los vocales decidieron abrir la lista de candidatos, lo que ha propiciado que Isabel Perelló irrumpa ahora como candidata del bloque conservador.