Compromís no quiere en el Pilar las bombas que lanzó la República

La «cruzada» del senador de Compromís Carles Mulet –que ha logrado que cientos de ayuntamientos retiren de sus calles alusiones al franquismo– apunta ahora a la basílica del Pilar de Zaragoza y los recuerdos del bombardeo que sufrió durante la Guerra Civil que alberga en su interior. Se trata de dos proyectiles lanzados por un Fokker trimotor de las Líneas Aéreas Postales Españolas militarizado por la República, que sobrevoló el templo la madrugada del 3 de agosto de 1936 con su mortífero lastre. De las cuatro bombas que arrojó, una cayó al Ebro, otra sobre el pavimento de la plaza del Pilar y dos en el interior de la catedral, dañando el mural de Goya frente a la Santa Capilla y causando daños en la cúpula. Pero ninguna explotó, lo que dio lugar a la creencia, en el bando sublevado y entre la población maña, de un milagro de la Virgen del Pilar, aunque otras versiones más prosaicas apuntan a la escasa pericia del piloto –volaba demasiado bajo, cuando estaban diseñadas para explotar por encima de los 500 metros–, que el material no estaba en las mejores condiciones e incluso que los proyectiles no llevaban espoleta.

En memoria de aquel día, las dos bombas están expuestas en uno de los pilares junto a la entrada, y aún permanecen los dos boquetes que dejaron al caer. Sendos proyectiles y una inscripción en latín en la iglesia de la Santa Cruz están recogidos por la enmienda presentada por Mulet en el Senado. La leyenda esculpida en piedra contiene alusiones a «la guerra de liberación de la patria», pero también está señalada por Mulet la huella de la bomba sin explotar –en forma de cruz– caída en la plaza del Pilar.

Según el texto de la propuesta, Compromís cree que estos elementos vulneran la Ley de Memoria Democrática por encontrarse en lugares declarados Bien de Interés Turístico y Cultural (BIC). Se ampara en el artículo 35 de la norma: «Se consideran elementos contrarios a la memoria democrática las edificaciones, construcciones, escudos, insignias, placas y cualesquiera otros elementos u objetos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública en los que se realicen menciones conmemorativas en exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar y de la Dictadura».

El Senado ha enviado dos requerimientos, al Ayuntamiento de Zaragoza y la Diputación General de Aragón (DGA), para conocer si se han emprendido acciones para su retirada. Ambos organismos tienen un plazo de 30 días para responder, aunque tendrán que dirigirse al propietario de La Pilarica, que desde abril de 2018 es el Arzobispado de Zaragoza. El deán del Cabildo, Joaquín Andrés Aguilar, señala a LA RAZÓN que «de momento no tenemos ninguna comunicación oficial», y «mientras no se sigan los cauces legales» no estarán en disposición de «poder aclarar la situación» y, en su caso, «cumplir la ley». Pero descarta que pueda hablarse de «odio» en el templo, «ni por simbolismo ni predicación».

Por su parte, Fernando de Rosa, portavoz del PP en la Comisión de Justicia del Senado, duda que la propuesta tenga recorrido. «En el exterior podrían quejarse, pero el interior es propiedad privada de la Iglesia. No creo que eso pueda suponer la aplicación de la Ley de Memoria, aunque tendrá que responder la Iglesia. Podría negarse, no pienso que tenga ninguna obligación legal de hacerlo», afirma el senador del PP, que observa «cierta obsesión e histrionismo» en la actitud de su colega en la Cámara Alta Carles Mulet.