Polémica

Conde-Pumpido se queja de la filtración de los informes del TC contrarios a impedir al tribunal de los ERE acudir a Europa

El presidente del Constitucional asegura a sus compañeros en el Pleno que no tenía una «posición previa» de anular la decisión de la Audiencia de Sevilla de ir al TJUE

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, durante un desayuno, en el Ateneo de Madrid, a 7 de abril de 2025, en Madrid (España). El Ateneo de Madrid organiza los ‘Desayunos del Ateneo’ con el objetivo de crear un espacio de encuentro con líderes y personalidades relevantes de la sociedad, la cultura y la política españolas.07 ABRIL 2025Eduardo Parra / Europa Press07/04/2025
El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-PumpidoEduardo ParraEuropa Press

Cándido Conde-Pumpido se ha quejado en el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) de la filtración de los informes internos que se opusieron a que la corte de garantías pueda impedir a la Audiencia Provincial de Sevilla acudir a la Justicia europea para que dirima si las sentencias del TC que anularon las condenas de los ERE van en contra del derecho comunitario en lo que hace referencia a la persecución de la corrupción política y el desvío de fondos públicos.

Según las fuentes consultadas, el presidente del Constitucional ha reiterado que su única intención al llevar el asunto al Pleno era "abrir un debate" de carácter jurídico sobre un asunto que considere relevante e "inédito" y que, según defiende, cuestiona la jurisdicción del TC y pone en riesgo la ejecución de sus resoluciones.

Esas mismas fuentes apuntan que, como ya adelantó en su intervención en el Ateneo de Madrid horas antes, ha escenificado en el Pleno su renuncia a impedir al tribunal de los ERE que plantee una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. E incluso ha insistido en que en absoluto tenía una "posición previa" al respecto.

Complicada unanimidad

Asimismo, añaden, Conde-Pumpido se ha quejado de que "circulen" en los medios de comunicación los informes de los letrados del tribunal sobre esta controversia (en su intervención en el Ateneo llegó a calificar la difusión de esos dictámenes de "juicio paralelo").

El debate, en todo caso, no ha terminado, y continuará mañana con la intervención de los magistrados que no han podido expresar su parecer al respecto. Está por ver, no obstante, si finalmente ese contraste de pareceres se plasma en un comunicado del Constitucional en defensa de la jurisdicción. Algo que se antoja improbable dado que los magistrados conservadores rechazan que la actuación de la Audiencia de Sevilla haya puesto en peligro la jurisdicción del TC, como ya ha puesto de relieve algunos de esos informes internos. Además, ese comunicado, apuntan fuentes del TC, debería sacarse adelante por unanimidad, un criterio conjunto que no parece que vaya a darse en este caso.

Cinco informes internos en contra

Conde-Pumpido llevó al Pleno la respuesta de la Audiencia de Sevilla a las sentencias del TC sobre el "caso ERE" con la intención de explorar una posible actuación jurídica para impedir que el tribunal andaluz acudiera a la Justicia europea. En el orden del día del Pleno se incluyó el estudio del "planteamiento de cuestiones prejudiciales en la ejecución de sentencias definitivas dictadas por el Tribunal Constitucional u otros tribunales superiores nacionales, con suspensión de la ejecución".

El presidente del TC esgrimió el "deber de velar por el cumplimiento efectivo de nuestras resoluciones", establecido en el artículo 92.1 de la ley orgánica que regula su funcionamiento, y la necesidad de debatir los "efectos sobre el sistema interno de recursos jurisdiccionales".

Pero hasta cinco informes internos, tres de ellos solicitados por el propio presidente, dejaron claro que el Tribunal Constitucional no puede impedir al tribunal de los ERE plantear al TJUE sus dudas sobre la adecuación de las sentencias del TC sobre el fraude en las ayudas sociolaborales a la normativa europea. Y es que la Audiencia de Sevilla cree que la anulación de las condenas, entre otros a los expresidentes socialistas de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, pueden contrariar el derecho de la Unión respecto a la lucha contra la corrupción política y el desvío de fondos públicos.