El TJUE sentencia que el Gobierno de España incumplió los planes de riesgo de inundación en Canarias

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictado este jueves una sentencia en la que declara que el Gobierno de España ha incumplido la normativa comunitaria al no presentar en plazo los planes hidrológicos y de gestión del riesgo de inundación correspondientes a varias cuencas hidrográficas de Canarias, concretamente las de Fuerteventura, Lanzarote y La Palma.

La decisión judicial respalda el recurso presentado por la Comisión Europea, que ya había iniciado un procedimiento de infracción contra el Gobierno español en febrero de 2023 por los continuos retrasos en la actualización y envío de dichos planes. Posteriormente, en septiembre del mismo año, Bruselas lanzó un ultimátum de dos meses para que España cumpliera con las directivas europeas en materia de agua y gestión de riesgos naturales, sin obtener una respuesta satisfactoria.

En mayo de 2024, ante la persistente inacción del Ejecutivo español, la Comisión presentó una demanda ante el TJUE alegando que las autoridades españolas no habían revisado ni actualizado los planes hidrológicos de cuenca ni los planes de gestión del riesgo de inundación de las demarcaciones afectadas, pese a que el plazo legal para ello había expirado el 22 de diciembre de 2021. Además, España tampoco remitió los documentos actualizados a la Comisión antes del 22 de marzo de 2022, como exigen las directivas comunitarias.

El fallo del TJUE concluye que el Gobierno español incumplió ambas obligaciones impuestas por la normativa europea, desestimando los argumentos presentados por el Estado. El Ejecutivo alegó haber proyectado los planes dentro del plazo límite establecido por Bruselas tras el ultimátum, y en el caso de La Palma, invocó como causa de fuerza mayor la erupción volcánica ocurrida en septiembre de 2021.

Sin embargo, el Tribunal considera que España no dio cumplimiento efectivo a sus obligaciones hasta la conclusión de la fase escrita del procedimiento judicial, es decir, casi un año después del vencimiento del plazo señalado en el dictamen motivado de la Comisión y cuatro años después del evento natural extraordinario que el Gobierno esgrimía como justificante.