El Gobierno rechaza las medidas del PP para el pacto arancelario

Fue un espejismo. Hubo diálogo y negociación durante toda la jornada, pero el resultado final, a pesar de los intentos, no desembocó en un pacto entre el Gobierno y el principal partido de la oposición. A pesar de que se testaba la motivación del PP de colaborar con el Gobierno ante el panorama internacional que se abre paso en Europa por la guerra comercial impuesta por la Administración de Donald Trump. El Gobierno rechazó la mano del PP para hacer frente a la crisis arancelaria aunque, en el fondo y las formas, había consenso entre ambos sobre la respuesta que España debe dar al desafío planteado por EEUU.

El PP envió al Ministerio de Economía su plan de choque contra la política arancelaria con el objetivo de que el Gobierno incluya estas «mejoras» en el real decreto que aprobará este martes y que prevé la inyección de 14.100 millones de euros para mitigar los efectos del ataque arancelario de la Administración estadounidense. Un paquete de medidas que llegó a Moncloa después de que el Gobierno compartiera con el PP, el domingo de madrugada, el borrador de las propuestas.

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Más allá del intercambio de documentos, el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, habló, de nuevo, con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo e incluso le trasladó un documento con sus propuestas. Al cierre de esta edición, sin embargo, pese al optimismo inicial del PP, Economía les trasladó que no incorporaría ninguna de sus propuestas, según fuentes populares. «Esto dimensiona la vocación de llegar a acuerdos del Ejecutivo una vez que no acepta negociar ninguna de nuestras propuestas», se quejaban en el partido.

Y es que el Gobierno, en el Real Decreto que aprobará este martes, y al que ha tenido acceso LA RAZÓN reconoce abiertamente que el incremento de aranceles anunciado podría llegar a ocasionar "efectos significativos sobre la actividad comercial, la producción y el empleo de las empresas españolas". El Ejecutivo expone en la exposición de motivos que le lleva a aprobar la inyección de 14.100 millones de euros para mitigar los impactos negativos de la política arancelaria el hecho de que puede suponer un riesgo para las empresas españolas.

Según el Gobierno, el endurecimiento de la política arancelaria tiende a generar efectos que trascienden a competidores directos de las empresas nacionales. Alerta Economía que, bien sea de forma directa, como exportadores a Estados Unidos o de forma indirecta, el incremento de los aranceles puede tener un "impacto significativo para un número importante de empresas". Advierte de que las empresas afectadas deberán ajustar sus procesos productivos a las nuevas circunstancias, o adaptar su cadena de valor. "Otras podrán experimentar tensiones de liquidez por el ajuste en el comercio internacional que puede aparejar un shock de esta magnitud", alertan.

El PP pide unidad

El giro ha sido total por parte del Gobierno. Y es que, en un principio, llegó a valorar las medidas esgrimidas por el PP. A principios de la mañana, el PP detectaba un gesto por parte de Sánchez y es por eso que le tendía la mano. En Génova entienden que a la guerra arancelaria hay que responder «con unidad», desde la «firmeza, con diplomacia e inteligencia». Y con estas condiciones se abrían a la negociación, pero sin un «cheque en blanco».

El presidente del PP fue el que escenificó este lunes por la mañana ese espacio para el entendimiento que después el Ejecutivo frustró. Feijóo reconoció que hay «elementos acertados» en la propuesta del Ejecutivo, aunque destacando también sus carencias en materia fiscal. «Es todavía embrionario», se quejó. Prometió el respaldo de su partido, siempre que se trate la crisis como una «cuestión de Estado». Entonces, confirmó, el PP «estará al servicio de la nación, sin sumisiones a minorías, sin actuar como sucursales de países extranjeros, y al servicio exclusivo de España», advirtió el líder de la oposición, tras reunirse con 47 empresarios.

Junto a los sectores afectados y a sus comunidades autónomas, Feijóo armó su propuesta para resolver la crisis comercial. Se trata de una veintena de medidas que parten de la premisa de que el proteccionismo no puede encararse «con más proteccionismo», sino desde la libertad económica y comercial. Las cuatro primeras tienen que ver con el ámbito comunitario. Exigen a la UE la creación de un fondo económico, la simplificación de trabas burocráticas, el impulso de nuevos mercados, así como la bajada de cotizaciones y el aumento de incentivos fiscales para los sectores afectados.

Las medidas que afectan al ámbito nacional –seis– tienen que ver con la exigencia de un plan conjunto entre el Gobierno y las comunidades para reforzar las políticas aduaneras y la vigilancia del mercado. El PP también pide fomentar las ayudas del Plan Moves con el objetivo de que lleguen a quienes no pueden comprarse un coche eléctrico. Además, los populares instan al Gobierno a contar con las comunidades para que los fondos reasignados de los Next Generation lleguen a los sectores afectados. Feijóo exige un fondo específico a disposición de las empresas afectadas, así como un mecanismo de asignación de ayudas flexibles.

El decálogo también incluye la elaboración de un Plan de Competitividad industrial. Ello pasaría por la ampliación de la vida útil de las nucleares. También proponen la eliminación del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. Por último, Feijóo exige revisar las «97 subidas de impuestos» y reclama incentivos fiscales a través de la ley de Fiscalidad Agraria y la rebaja el IRPF, entre otras.