Los sindicatos les acusan de irregularidades en el voto por correo y la convocatoria

El pasado 27 de julio tuvieron lugar en Cataluña las elecciones sindicales de los Mossos d’Esquadra para elegir a sus representantes al Consejo de la Policía. Más de 17.000 agentes autonómicos estaban llamados a votar en unos comicios en los que el Sindicato Autónomo de Policía (SAP-UGT) se alzó vencedor con 3.855 votos, frente a los 3.725 de la Trisindical –Sindicato de Mossos d’Esquadra (SME), Sindicato de Policías de Cataluña (SPC) y el Colectivo Autónomo de Trabajadores (CAT)– y los 850 de la Unión Sindical de la Policía Autonómica de Cataluña (USPAC). Pero desde mucho antes de que se celebrasen las elecciones, ya cuando éstas fueron convocadas, comenzaron las sospechas de irregularidades.

Es lo que ha venido denunciando desde entonces el SPC en representación de sus compañeros de coalición,tras una serie de acontecimientos y decisiones de la Mesa Electoral Coordinadora, asesorada por la Dirección General de la Policía de la Generalitat . Y, en concreto, se centran en dos aspectos: el registro de la convocatoria y el voto por coreo.

En lo que se refiere al primer punto, el SPC denuncia que la convocatoria de promoción la registró el SAP a las 8:28 horas del 28 de abril «fuera del horario del registro» del Departamento de Trabajo, cuyo horario es de 9:00 a 14:00. La Trisindical presentó su convocatoria a las 9:02, pero la Subdirección de Recursos Humanos no la admitió, dando por buena la del SAP, «lo que marca el calendario» según quién sea el convocante y, afirman, «a UGT le venía bien que se celebrasen en agosto porque muchos agentes estarían de vacaciones y podrían jugar con el voto por correo».

Ante este hecho, presentaron una demanda a la Sala de lo contencioso-administrativo del TSJ de Cataluña por vulneración de derechos fundamentales, la cual se admitió a trámite, y una querella por la que se imputa por un delito de prevaricación a la subdirectora de Recursos Humanos de la Direcicón General de la Policía, Maite Catalá Pujol, por admitir la convocatoria fuera del horario legal.

Mientras, en relación al voto por correo, son varias las «prácticas ilegales» a las que el SPC hace referencia. Por un lado, denuncian que mientras quien solicitaba el voto por correo era el agente, quienes realmente iban a depositar su voto en la oficina de Correos eran los delegados de SAP-UGT, quienes previamente habían pedido al mosso su DNI y el resguardo que entrega la Mesa Electoral para votar. Al mismo tiempo, «indican al solicitante que la documentación que le remitan la rompa o se olvide, que se encargan ellos».

Ante esto, el SPC propuso a la Mesa una serie de acciones para controlar el proceso, todas desestimadas. Incluso acusan a la Mesa de remitir a las organizaciones papeletas y sobres antes de las elecciones «lo que permite a una determinada organización suplantar al votante». Desde el SPC aseguran que llegaron a las mesas votos por correo de personas que no lo habían solicitado.

Pero hay más supuestas irregularidades, como el hecho de que este voto por correo llegara «agrupado, sin precinto –sólo con una goma elástica– y sin el debido cuidado o custodia». Solicitaron que el voto por correo y el presencial se separasen y se conservase la documentación, pero la Mesa dio «ordenes expresas de juntar el presencial y el de correo antes del recuento y de destruir todo el voto», pese a que en todas las mesas los interventores impugnaron los llegados por correo.

Las irregularidades continúan con un censo no actualizado que afectó a muchos de los que fueron a votar en persona o hechos como el ocurrido en Gerona, donde las papeletas de la Trisindical llegaron 1 hora y 10 minutos después de la apertura. O con unos porcentajes de voto por correo «absolutamente anómalos»: «un 55% de los votos emitidos fueron por correo»...

Unas sospechas todas estas que no son nuevas, pues a día de hoy hay cinco sindicalistas de SAP-UGT imputados por comprar votos por correo en 2011.