El desánimo con la ley de amnistía llega a Moncloa

Es sintomático que solo un día después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se confesara plenamente convencido de que la ley de amnistía saldrá adelante una vez finalice la negociación en el Congreso de los Diputados, ahora comiencen a evidenciarse dudas en su gabinete, dentro de su núcleo más cercano. Solo a quince días de que expire el plazo de negociación entre PSOE y Junts.

Y es que el líder del Ejecutivo negó cambios de calado en la norma, algo que, precisamente, en su entorno también descartan. Defienden que la ley es «valiente», «reparadora» y acorde al derecho europeo y que debe salir del Congreso tal y como entró para preservar su «constitucionalidad».

La propuesta que hizo el socialista en Al Rojo Vivo, modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) para acotar los tiempos de instrucción, es la única oferta que el Gobierno prevé hacer al independentismo para que reconsidere su voto en contra de la pasada semana a la ley de amnistía e, incluso, esta misma propuesta todavía genera dudas dentro del Consejo de Ministros.

En el Ejecutivo desespera ya la ruleta rusa en la que se ha convertido cualquier negociación con Junts y les mandan un ultimátum a Junts al empezar a poner en duda que pueda salir adelante la ley de amnistía, según ha podido saber este diario por parte de fuentes gubernamentales. El plan es poner nerviosos a los de Carles Puigdemont en un momento en el que el tiempo apremia. El 21 de febrero cumple el plazo para que el PSOE y Junts puedan llegar a un acuerdo y desencallen la ley de amnistía, y es por ello por lo que en el Gobierno ya se mandan mensajes contradictorios, con el objetivo de poner contra las cuerdas a los posconvergentes. La reforma de la Lecrim sería el único cambio que se aceptaría para convencer a Puigdemont y, de lo contrario, en el Gobierno ya se sinceran al dejar ver sus dudas sobre la posibilidad real de sacar adelante la norma en el marco actual. «Todos tenemos dudas», resumen en el Ejecutivo cuando se les pregunta sobre si de verdad creen que en estos 15 días podrán sentar en la mesa a Junts y salir con un acuerdo firme que evite, de nuevo, la foto del rechazo en el Congreso de los Diputados.

[[H3:«Equilibrio complicado»]]

En el Ejecutivo no pasa desapercibido el silencio de Junts sobre la propuesta para acotar las instrucciones judiciales. Tampoco saben si este gesto, reformar la Lecrim, es suficiente para amarrar el «sí» de los siete diputados de Junts en el Congreso. Opinan que los de Puigdemont se encuentran «midiendo» el impacto que ha podio tener entre su electorado independentista el hecho de votar en contra de la ley de amnistía la pasada semana. Sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Gobierno evita ahondar en más detalles, pero admiten que es «complicado» sacar adelante esta modificación porque es necesario conseguir un «equilibrio» entre que los jueces puedan investigar y tengan tiempo suficiente para ello, pero que, por ejemplo, una investigación no se alargue más de una década, dicen.

El Ejecutivo se mueve así lento, acotado por sus socios, sabedor de que cualquier paso adelante en la legislatura será minuciosamente explotado por sus aliados y, también, que en cualquier momento, pueden cortar el grifo que gradúa el oxígeno del Gobierno en el Congreso de los Diputados. Y con este contexto, el Ejecutivo no cierra por completo la puerta a llevar a cabo una prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año 2024 en caso de no lograr cerrar acuerdos con todos los socios parlamentarios. Aun así, en el Gobierno, según sostienen fuentes al más alto nivel, todavía no tienen esa percepción, puesto que aseguran que «ningún partido» les ha trasladado que no apoyará unas nuevas cuentas públicas. «Ninguno nos ha dicho que se pare el reloj», explicitan fuentes gubernamentales ante las dificultades surgidas para sacar adelante la ley de amnistía, ante la posibilidad de que esta negociación pueda afectar en las cuentas públicas. De hecho, los socialistas comenzaron a negociar la ley de amnistía a la vez que abrían las primeras conversaciones informales sobre las cuentas públicas con los grupos parlamentarios.

Ante la posibilidad de una prórroga de Presupuestos, en el Gobierno quitan hierro a esa opción. Creen que la legislatura podría seguir adelante aunque no hubiese unas cuentas nuevas aprobadas este año. Y es que el plan del Ejecutivo era el de presentarlas en el mes de febrero o marzo, aunque la amnistía puede ahora frenar los planes del Gobierno.

En el Ejecutivo, mientras, evitan las críticas a sus socios ante esa posibilidad y cargaron ayer contra el Partido Popular ante la votación de hoy en el Senado, donde el PP tumbará previsiblemente los objetivos de déficit al ver «inviable» las propuestas del Gobierno para negociar la senda de estabilidad. «¿Qué argumento tiene el Partido Popular para oponerse a que sus administraciones territoriales disfruten de mayor margen de gasto?», se preguntó la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Según el Ejecutivo, el voto en contra del Partido Popular en el debate de hoy traerá consigo objetivos de déficit más exigentes para las regiones y los ayuntamientos durante el próximo ejercicio, tal y como advirtió.