El CGPJ admite que sólo una reforma legal permitiría a Ruz seguir con «Gürtel»

MADRID.-La continuidad del juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional era algo reclamado de forma prácticamente unánime por todos los sectores judiciales, desde las asociaciones hasta la propia Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional. Finalmente, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió recientemente prorrogar su estancia en el Juzgado Central número 5, una vez se haga cargo del mismo el que debe ser su titular, el hoy vocal del CGPJ Miguel Carmona, a no ser que finalmente sea nombrado magistrado para la Sala de Apelación del Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia.

La inquietud por el hecho de que Ruz pudiese abandonar la Audiencia llegó al Congreso de los Diputados y así se lo hizo saber en una serie de recomendaciones aprobadas el pasado 13 de febrero. Una de esas resoluciones, sin mencionar de forma explícita al mencionado magistrado, ni a los casos «Gürtel» o «Bárcenas», pedía que el Consejo garantizase «la continuidad en el ejercicio jurisdiccional de aquellos jueces que, en la actualidad, instruyen procesos de gran complejidad y trascendencia pública (como los vinculados a tramas de corrupción política) y que por imperativo legal hubieran de cesar por las razones orgánicamente establecidas, que se mantengan en sus funciones, en colaboración con aquellos que resultaren titulares de los órganos jurisdiccionales afectados». Con esta medida, según el Congreso, «se trasladaría a la ciudadanía la confianza en la independencia judicial y en su eficacia».

Comisión de servicios

Ante esta solicitud, la respuesta del Consejo el Poder Judicial es tajante: para que ello fuese posible, y Ruz continuase con la instrucción de los mencionados procesos, sería necesaria una reforma legal, pero, a la vez, se llama la atención al considerar que la legislación actual no ofrece soluciones adecuadas ante este tipo de hechos. Así consta en la Memoria del CGPJ del año 2013, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso LA RAZÓN, dentro del apartado relativo a las resoluciones del Congreso en relación con la memoria anterior del órgano de gobierno de los jueces y magistrados. «Sólo una modificación legislativa permitiría "retener"al juez o magistrado en su destino, sin que al Consejo le quede más solución que cubrir a la mayor brevedad posible la vacante generada y evitar la paralización del procedimiento mediante el mecanismo ordinario de sustitución», afirma el CGPJ. La otra solución, la acordada con Ruz, es nombrar magistrados en comisión de servicios, que «sólo puede aprobarse por seis meses prorrogables por otros seis, según la ley, lo que en estos casos no será con frecuencia suficiente para instruir o finalizar los procedimientos», añade.

De esta forma, concluye la respuesta del Consejo al Congreso, «sólo una reforma legal posibilitaría que se difirieran este tipo de ceses por causas legales y expresamente tasadas, siendo manifiestamente insuficiente la legislación actual».