EL CGPJ publicará los gastos de cada uno de los vocales

Una de las críticas que de forma más constante se ha realizado al Consejo General del Poder Judicial ha sido la falta de transparencia en su gestión, principalmente en lo que afecta a la parcela económica. De hecho, fue una de las causas que más reproches motivó el mandato que culminó con la dimisión de Carlos Dívar al frente del órgano de gobierno de los jueces y magistrados.

Para intentar corregir esta situación, el Consejo trabaja en una doble vía, según confirmaron a LA RAZÓN, fuentes del mismo. Por un lado, en la aplicación de la Ley de Transparencia, aprobada en diciembre del pasado año y que será de cumplimiento obligatorio para todas los organismos, instituciones, etc, antes de fin de este año. «El Consejo quiere aplicarla antes de este verano, y sería la primera institución en aplicarla», destacan al respecto desde el CGPJ. Esta ley tiene tres objetivos principales, según se recoge en la misma: incrementar y reforzar la transparencia en la actividad pública –que se articula a través de obligaciones de publicidad activa para todas las Administraciones y entidades públicas–, reconocer y garantizar el acceso a la información –regulado como un derecho de amplio ámbito subjetivo y objetivo– y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento –lo que se convierte en una exigencia de responsabilidad para todos los que desarrollan actividades de relevancia pública–.

Combatir la corrupción

Y, junto a ello, el CGPJ firmará un convenio con Transparencia Internacional (TI), una organización internacional no gubernamental, dedicada a combatir la corrupción a nivel nacional e internacional y que tiene como objetivo principal «infundir al sistema global de valores la transparencia y la rendición de cuentas como normas públicamente reconocidas».

Se trata «de ir un poco más allá de lo que establece la Ley de Transparencia» y de que los ciudadanos puedan conocer todas las partidas económicas del Consejo y en qué se gasta el dinero público. Se prevé que este convenio, que se está negociando en estos momentos, se pueda firmar antes de final del presente año.

El CGPJ tendrá que aplicar los criterios que establece TI en todo lo relativo a los gastos. Así, por ejemplo, se publicarán los gastos en que ha incurrido cada uno de los vocales, ya sea por viajes que tenga que realizar, protocolarios, etc. «Queremos ser la institución más transparente del Estado», destacó al respecto un representante del Consejo a este periódico.

Por otro lado, el órgano de gobierno de los jueces y magistrados prevé finalizar en pocas semanas su programa de actuación para los cinco años de mandato, que se hará público una vez esté redactado y que «debe ser compartido por todos los vocales».