El código ético de CDC descansa en los cajones

Pocos dudan de que la petición de imputación de Oriol Pujol por parte de la Fiscalía es inminente. «Dentro de muy pocos días», insisten fuentes conocedoras de la investigación judicial que afecta al secretario general Convergència por ser el presunto «colaborador necesario» de una trama de amaños relacionada con la concesión de estaciones de ITV. Desde Convergència se insiste en la presunción de inocencia de su número dos, pero los indicios se acumulan y el futuro de Oriol Pujol se ensombrece. Nadie se atreve a descartar que el proceso judicial acabe por liquidar su carrera política. En todo caso, Convergència no ha sugerido ni por un instante la posibilidad de aplicar su propio código ético, guardado en algún cajón de los despachos nacionalistas.

IMPUTACIÓN

Preguntado por si Oriol Pujol debería replantearse sus cargos en el partido (secretario general) o en el Parlament (presidente de grupo) si es imputado, el consejero de Presidencia y vicecretario general de Convergència, Francesc Homs, respondió así ayer en una entrevista en «El Periódico»: «Esto lo debe decir él, pero yo creo que no porque soy consciente de lo que significa la palabra imputado. Veremos también en qué circunstancias se produce, pero yo no soy partidario de ello, sinceramente». Es decir, que Homs no sugirió ni tan siquiera levemente apartar Oriol Pujol de sus responsabilidades porque imputado no significa culpable.

Sin embargo, los estatutos de Convergència revisados en su último congreso son expeditivos respecto a «faltas graves» como la que se le podría imputar al hijo del ex presidente.

SANCIONES

Conductas como «utilizar la representatividad de los órganos internos o institucionales en beneficio propio» pueden dar lugar a las siguientes sanciones: suspensión temporal del cargo de elección por un período de tres a doce meses; cese del cargo de elección que se ostente; suspensión temporal, parcial o total de los derechos de militancia; expulsión del partido e inhabilitación para presentarse de candidato en una lista avalada por CDC.

CENSURA PÚBLICA

Los estatutos de Convergència también prevén otros extremos que, por el momento, nadie ha planteado en el partido nacionalista. Llegada la comisión de una «falta grave», dice el código disciplinario de CDC, «el comité ejecutivo nacional abrirá un expediente informativo» para dar pie a resolver un expediente sancionador que, entre otras cosas, puede comportar «la censura pública del comportamiento que ocasione la sanción y el ordenamiento de la suspensión del cargo público para el que haya sigo elegido» el autor de la falta grave.

Pero lo cierto es que nadie en Convergència ha realizado una declaración con aires de censura sobre Oriol Pujol ni sobre otros dirigentes sobre los que pesa la sospecha de corrupción.

El caso ITV no es el único que afecta a Convergència, envuelta también en el escándalo del saqueo del Palau de Música y, más recientemente, involucrada en una trama orquestada por la mafia rusa en Lloret de Mar. La presunta relación de su ex alcalde y ahora diputado en el Parlament, Xavier Crespo, con esta trama agrava todavía más la credibilidad de los partidos políticos, que ayer reclamaron a Convergència que tome medidas.

En este contexto no es extraño que los partidos hayan llegado a la conclusión de que es imprescindible impulsar un pacto contra la corrupción. El PP, afectado por el caso Bárcenas, lo ha sugerido a nivel nacional, mientras que en Cataluña, Ciutadans anunció que piensa abrir una ronda de contactos para explorar las posibilidades de alcanzar medidas que contribuyan a recuperar la honorabilidad de la política.