El coste de la «comisionitis»: 647.000 euros más en sueldos para sus señorías

El «boom» de las comisiones en el Congreso de los Diputados hace que en la actualidad existan 41 de estos foros. La retribución extra para los diputados que participan en ellas oscila entre los 704 y los 1.445 euros.

El «boom» de comisiones que existen actualmente en el Congreso no sólo amenaza con colapsar la vida parlamentaria sino que supone incurrir en un importante aumento del gasto público. Según los datos que ofrece el Parlamento en la actualidad existen 41 en activo, las últimas en sumarse a la lista la semana pasada las comisiones de investigación sobre el accidente ferroviario ocurrido en Angrois (Santiago) y el del vuelo JK 5022 de Spanair. Estos foros se han convertido en el perfecto plus económico para sus señorías que cobran mensualmente entre 704 euros, por los trabajos más modestos de secretario y portavoz adjunto, hasta los 1.056 de vicepresidentes y portavoces y los 1.445 de los presidentes, la joya de la corona. Estas cifras extra engrosan el sueldo base de 2.842 euros de los diputados, a lo que hay que sumar otros complementos en concepto de transporte, por ejemplo, si tienen que desplazarse para desarrollar su actividad parlamentaria. En total, esta cuarentena de foros con una duración indeterminada en el tiempo cuestan al mes más de 646.445 euros. En las 19 comisiones permanentes legislativas, las básicas de cualquier legislatura ya se va casi la mitad de este presupuesto: 381.567 euros. Le siguen en cuantía las diez permanentes no legislativas (110.194 euros mensuales) y las seis mixtas permanentes (95.262 euros).

Si echamos la vista atrás, nos encontramos ante una cifra récord de comisiones. El auge de estos foros ha venido acompañado de la irrupción de los nuevos partidos, Unidos Podemos y Ciudadanos, cuya labor de oposición y desgaste al Gobierno se ha fundamentado en esta práctica parlamentaria. Sobre todo, en las llamadas comisiones de investigación, que actualmente suponen 40.424 euros mensuales. No en vano, es ilustrativo observar como sólo en el escaso año que duró la estéril XI Legislatura, la del bloqueo, se pusieron en marcha 28 comisiones, casi al nivel de periodos legislativos completos como la X Legislatura, en la que se celebraron 31; la IX, que albergó 36 o la VIII, con 33. En este periodo de 12 años entre 2004 y 2016 sólo hubo una comisión de investigación, la del 11-M, en contraposición a las cinco –la comisión de investigación sobre la utilización partidista del Ministerio del Interior ya está concluida– que se han puesto en marcha en los dos últimos años.

¿Para qué sirven?

Este exceso de comisiones llevó la semana pasada a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, a reprender a sus señorías. «Tenemos que medir las fuerzas y que el trabajo parlamentario sea eficaz para los ciudadanos», afirmó. Entonces, cabe preguntarse, ¿para qué sirve una comisión? Los expertos aseguran que este mecanismo parlamentario, en tanto que el Congreso se supone el máximo órgano de la representación ciudadana, sólo aspira a exponer ante la opinión pública las distintas versiones sobre unos mismos hechos. Así pues, y los propios portavoces de las mismas se encargan de repetirlo en sus intervenciones, una comisión de investigación sólo evalúa las eventuales responsabilidades políticas de los comparecientes, dejando a los tribunales juzgar los aspectos penales en los que hayan podido incurrir. Desde esta perspectiva, las comisiones, con sus respectivas conclusiones, habrán cumplido su objetivo si contribuyen al debate público.

La mecánica de estas comisiones está hecha a medida de las grandes fuerzas. Los grupos parlamentarios más discretos se quejan de que no son capaces de abarcar la cantidad de trabajo parlamentario que conllevan y son incapaces de acudir a todas las reuniones. Por ejemplo, el diputado del PNV Joseba Andoni Agirretxea Urresti detenta hasta trece cargos en comisiones: portavoz de la Comisión de Educación y Deporte, de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, de la Comisión de Cultura, de la Comisión de Igualdad, de la Comisión para el Estudio del Cambio Climático. Vocal de la Comisión del Estatuto de los Diputados y de la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado de Violencia Género. Presidente y portavoz de la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo. La práctica habitual en estos casos es priorizar la asistencia a aquellas comisiones en las que se detenta un puesto de importancia o en las que se impulsa o lideran los trabajos.

El Partido Popular considera que este «boom» de comisiones surge como estratagema de la oposición para articular un «Gobierno paralelo» en el Congreso. Desde la oposición se afean al Ejecutivo los vetos a ciertas iniciativas parlamentarias y se «aprovechan» estos foros para tratar aquellas materias que el Gobierno bloquea en la Mesa del Parlamento.

Pero no todas las comisiones suponen trabajos exitosos. En los últimos meses son cada vez más habituales los abandonos, lo que acaba trasladando la idea de ineficacia y deja estos foros sin la representación necesaria para alumbrar una conclusión de consenso. PSOE y Unidos Podemos dejaron la subcomisión que estudia la reforma del sistema educativo si el gasto no se elevaba al 5% del PIB y Ciudadanos hizo lo propio en la que analiza el funcionamiento del Estado autonómico, cegando la apuesta estrella de los socialistas para relanzar la reforma de la Constitución.