El Gobierno abre otro frente con la familia Franco: reclama para el Estado el Pazo de Meirás

Denuncia en un juzgado su supuesta compra "simulada"y "fraudulenta"en 1941.

En plena refriega jurídica por la exhumación de los restos de Francisco Franco, el Gobierno ha abierto hoy otro frente con sus familiares. La Abogacía del Estado ha demandado hoy a sus herederos ante el Juzgado de Primera Instancia número 1 de La Coruña por la supuesta compra "simulada"y "fraudulenta", en 1941, del Pazo de Meirás. El escrito reclama la propiedad del inmueble para el Estado.

El paso al frente de los Servicios Jurídicos del Estado llega después de que el 11 de julio de 2018 el Parlamento de Galicia instase al Estado por unanimidad a ejercitar las acciones legales procedentes para la recuperación del Pazo de Meirás para el patrimonio público. Tras un estudio jurídico, la Abogacía considera "viable"la reclamación de la propiedad de esta propiedad de la familia Franco tras hallar un "documento clave", asegura el Ministerio de Justicia en un comunicado, "que demuestra que el dictador falseó el título con el que inscribió el pazo a su nombre en el Registro de la Propiedad".

Los hechos en los que se basa la demanda se remontan al 3 de marzo de 1938, cuando se constituyó la "Junta pro Pazo del Caudillo” integrada, entre otras autoridades, por el gobernador civil y varios alcaldes coruñeses. Su fin era adquirir un inmueble representativo en la provincia para ponerlo a disposición de Franco para su utilización como residencia veraniega.

El 3 de agosto de ese mismo año, se otorgó la escritura de compraventa entre la entonces propietaria del Pazo de Meirás, Manuela Esteban Collantes, viuda del hijo de Emilia Pardo Bazán, y la “Junta pro Pazo del Caudillo”, por un precio de 406.346 pesetas. Esta escritura, desconocida hasta el momento, fue localizada por la Abogacía del Estado en el curso sus trabajos.

Justicia asegura que la financiación de la compra se planteó inicialmente a través de una suscripción popular, pero, al no obtener el resultado esperado, se inició un proceso de recaudación forzosa que incluyó la detracción de nóminas de trabajadores y funcionarios, así como la aportación de fondos de las administraciones locales.

Aunque desde la venta a la “Junta pro Pazo del Caudillo”, el inmueble ya se usaba como residencia veraniega oficial de Franco, el 24 de mayo de 1941 se otorgó una segunda escritura pública en la que presuntamente se simuló la venta del Pazo de Meirás por parte de Manuela Esteban Collantes -que ya se lo había vendido tres años antes a la Junta- a favor de Franco por un supuesto precio de 85.000 pesetas. Para la Abogacía, se trató de una compraventa "ficticia".
Justicia recalca que en los casi 40 años en los que fue utilizado como residencia oficial de verano de Franco, el Pazo de Meirás "fue administrado como una dependencia del Palacio del Pardo, con el mismo uso público que este, siendo sede de la celebración de Consejos de Ministros y de numerosos actos y audiencias, administrándose exclusivamente con fondos y funcionarios públicos".