El Gobierno cambia la ley para prohibir las bombas de racimo

El Gobierno decidió ayer llevar a las Cortes un proyecto de ley para acabar de manera definitiva con los explosivos de guerra en racimo o «cluster».

Se trata de una modificación de la Ley de Prohibición Total de Minas Antipersona y Armas de Efecto Similar, que data del año 1998. Con esta nueva medida, España entrará a formar parte del grupo de estados que aplican la Convención sobre las municiones en racimo, firmada por 108 países el 30 de mayo de 2008 en Dublín.

El proyecto de ley del Ejecutivo, según informó el Consejo de Ministros, supone un «hito histórico» puesto que, cuando entre en vigor, contribuirá a rebajar el número de civiles fallecidos o heridos en los diversos conflictos existentes alrededor del mundo.

Esta actualización normativa supondrá, no sólo «la destrucción de decenas de millones» de estas municiones, sino también una mayor atención a las víctimas, dado que se mejorará «su atención médica» y «su rehabilitación física y socioeconómica».

Un informe realizado por la organización Greenpeace en el año 2008, cuantificaba en 100.000 el número de personas que habían fallecido en más de 23 conflictos armados de todo el mundo por culpa de la utilización de este tipo de armamentos.

Los explosivos de racimo, después de su impacto, dejan tras de sí una gran cantidad de submuniciones (un 30% del total de cargas que lleva cada bomba) que se dispersan y que pueden llegar a detonar en cualquier momento, conviertiéndose en un peligro para quien se acerque a ellas, incluso tiempo después de su lanzamiento. Así, en Laos, 30 años después de la guerra civil que asoló el país enre 1953 y 1975 y en la que se utilizaron estas bombas, llegaban a morir tres personas al mes a causa de las submuniciones.