«Francoficción»

El Gobierno aprueba la exhumación del dictador del Valle de los Caídos, que podría ser paralizada por el Tribunal Supremo hasta final de año.

El Consejo de Ministros aprobó ayer el acuerdo por el que se resuelve el procedimiento para la exhumación de Francisco Franco. Un paso más, que no lleva aparejada la inmediata salida del dictador el Valle de los Caídos, aunque sí pone fin al proceso administrativo que había iniciado el Gobierno. Para el Ejecutivo se trata de un «acto de Estado, político e histórico» que contribuirá a la «convivencia» de todos los españoles. Pero que está lejos de resolverse, al menos por ahora. Con el fin mantener las máximas garantías en el procedimiento para los familiares, único colectivo al que ahora se circunscriben en esta fase los «interesados», se ha aprobado conceder un nuevo plazo de 15 días a la familia para que señalen un lugar de reinhumación que cumpla con los requisitos que permitan garantizar el orden público y la Ley de Memoria Histórica. Esto es, excluyendo La Almudena. A falta de un señalamiento de reinhumación compatible con los parámetros legales y de orden público, el Gobierno se reserva la decisión sobre el mismo. Una decisión que tendría que adoptarse en un nuevo Consejo de Ministros.

La ministra Dolores Delgado reconoció que se ha tratado de un procedimiento «difícil y complicado» porque al decidir dar entrada a los interesados, sus demandas han supuesto un «verdadero obstáculo» para el avance del proceso, llegando a promover hasta 14 recusaciones de los instructores del expediente. Ahora, los familiares optarán por explorar la vía judicial. Según reconocieron ayer, recurrirán al Tribunal Supremo el acuerdo aprobado hoy por el Consejo de Ministros y solicitarán «medidas cautelarísimas», buscando la paralización inmediata del procedimiento hasta que el Alto Tribunal se pronuncie sobre el fondo del asunto.

En el caso de las «cautelarísimas» el Supremo debe ponderar si la inmediata ejecución de la exhumación puede comprometer el fin último del pleito. En este sentido, desde el Gobierno evitaron confirmar si esperarán a que se pronuncie el Alto Tribunal –en caso de que la familia presente el recurso– o iniciará la exhumación cuando se cumplimente el plazo dado a los familiares. La ministra Delgado no quiso ayer recorrer este horizonte judicial. «No voy a hacer justicia ficción, hasta que no se cumplan los plazos, no sabemos lo que va a pasar», dijo a preguntas de los periodistas que ya anticipaban el eventual enconamiento en los tribunales de la que era considerada como la medida estrella del Ejecutivo y que corre el riesgo cierto de no acometerse antes de las elecciones. Es más, admita o no la adopción de medidas cautelares, la Sala del Tribunal Supremo podría demorar su decisión varios meses, previsiblemente hasta finales de año, según fuentes jurídicas consultadas por este diario.

La exhumación de Franco partió de un Consejo de Ministros del 24 de agosto en el que se amplió el artículo 16 de la Ley de Memoria Histórica, añadiendo la previsión de que nadie que no haya sido víctima de la Guerra Civil podría estar inhumado en el Valle de los Caídos. «Franco no cumple esta previsión ni estos requisitos, por lo que está enterrado indebidamente», resolvió la ministra Delgado. En el día de ayer, se produjo, en palabras de Delgado, «la culminación de un expediente histórico», aunque la efectiva exhumación se antoja aún lejana. El Gobierno defiende que se «ha hecho lo que se tenía que hacer», actuando con «seriedad y seguridad jurídica» para conseguir que un dictador abandone el espacio público.