El Gobierno recurrirá el pacto de soberanía de CiU y ERC

Han hecho falta sólo un par de días para que se confirme de pleno que el viaje en AVE que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, compartió con el Príncipe de Asturias y con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, fue, ante todo, el «viaje del disimulo». Y que la corrección en los modales no fue sino impostura con la que tapar la «colisión» con Madrid en la que se ha embarcado el nuevo Gobierno catalán. El Gabinete de Rajoy ya ha hecho una primera lectura de la declaración de soberanía que bajo el paraguas de CiU y ERC aprobará el Parlamento de Cataluña el próximo día 23. En ella se declarará al pueblo catalán como «sujeto soberano» y se sentarán las bases para el referéndum que pretenden convocar en esta legislatura. La posición del Gobierno central es esperar y ver, bajo la advertencia de que impugnará ante el Constitucional, para provocar su suspensión, toda decisión o toda ley, incluida esta declaración, si tiene efectos jurídicos que contravienen la legislación vigente o la Carta Magna.

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, no anticipó ayer si el citado pronunciamiento soberanista terminará o no ante los tribunales. Tendrán que ver sus consecuencias, y a partir de ahí, decidir. Queda todo un trámite parlamentario, que exige la calificación de esa iniciativa por parte de la Mesa del Parlamento autonómico y de su letrado, y un debate y el posicionamiento de todos los grupos parlamentarios. De momento, el Gobierno se envuelve en el principio de la prudencia, pero también deja varias advertencias políticas muy significativas.

Sáenz de Santamaría subrayó por varias veces que la declaración contiene manifestaciones de contenido político que son «inconsistentes» e «incoherentes» con la realidad política de España y de Europa. «Ni la Constitución ni ningún Tratado europeo respaldan una declaración de soberanía en ese sentido. Lo que plantean no se puede hacer», sentenció.

En segundo lugar, el Gobierno solemniza de nuevo su disposición al diálogo, a negociar y a llegar a acuerdos porque dice que por encima del pacto de CiU y ERC, «están los ciudadanos de Cataluña», muy perjudicados por la crisis y por el paro, según precisó la vicepresidenta. Pero el límite de ese diálogo es la Constitución. «Deben explicar por qué están gastando tiempo y dinero de los ciudadanos en iniciativas que no pueden prosperar. Y el Gobierno nunca va a negociar sobre la Constitución, que es propiedad de todos los españoles», añadió.

Desde Moncloa piden serenidad y reflexión, y que se atienda a las prioridades reales de los catalanes. «Hablan del cumplimiento de la voluntad democrática de Cataluña. Pero los catalanes ya hablaron en su día en el referéndum sobre la Constitución. Y hablaron en las pasadas elecciones autonómicas para decirle al principal promotor de esta declaración que les merecía menos confianza en votos y en escaños», dijo Santamaría.

En Moncloa se preparan para enfrentarse a una política de «hechos consumados», que sabe que se intentará vender dentro de una disposición a la negociación con Madrid. Este endiablado tablero político le exigirá diligencia en la respuesta jurídica y también gestiones diplomáticas para cortocircuitar la aspiración de CiU de utilizar la bandera europea para avanzar en su estrategia rupturista con España. «Mas necesita agarrarse a alguna tabla de salvación y nuestra obligación es desmontar toda su propaganda, incluida la que insiste en inventarse una Cataluña próspera en Europa, y sin España, con la que sigue empeñado en dar alas a su proyecto imposible», indican en el entorno del presidente. El Gobierno trabaja en las dos direcciones del desafío, la de la ruptura política y la de la ruptura fiscal.