El Gobierno se personará en los casos de abuso, pero no en el de La Manada

Analizarán el endurecimiento de las penas y formarán a los jueces en materia de violencia de género.

El caso de «La Manada» ha supuesto un auténtico revulsivo. La indignación social que llenó las calles, trascendió la esfera meramente ciudadana y logró abrir el debate sobre las deficiencias de la Justicia y la necesidad de impulsar una reforma que clarifique los tipos penales asociados a los delitos que atentan contra la libertad sexual de las mujeres. Además, rompió la ley del silencio que hasta ahora había imperado en partidos políticos y Gobierno respecto a las decisiones judiciales, pasando del «respeto absoluto» al cuestionamiento abierto. La incomprensión y el rechazo que generó la sentencia, que rebajaba los hechos cometidos por el malogrado grupo de amigos de agresión a abuso sexual, se ha vuelto a reproducir con el auto de libertad provisional. El Gobierno se mostró ayer «sorprendido» por la decisión de excarcelar a los cinco condenados, ya que esa medida va «en contra de la regla de oro es que a un condenado se le mantenga en prisión provisional hasta la mitad de la condena». A esta sorpresa se suma la circunstancia de que los «hechos probados son gravísimos», lo que ha llevado al Ejecutivo a «hacerse eco de la alarma social» que existe, en particular entre las mujeres «a las que queremos proteger».

Por ello, el Gobierno anunció ayer su compromiso de estudiar la fórmula para que el servicio jurídico del Estado –la Abogacía del Estado– se persone en defensa de las víctimas, aunque haya otras partes personadas para ello, en casos de agresiones sexuales o de especial trascendencia como el de «La Manada». Fuentes de Moncloa concretaron posteriormente que esta iniciativa operaría para casos futuros y no para este en concreto, que ya está enjuiciado. «Queremos proteger a las mujeres y queremos proteger a las jóvenes de este país», aseguró la portavoz. La iniciativa planteada por el Gobierno, para dotarse de una potestad que ahora le es ajena, supondría una intromisión en la labor del Ministerio Fiscal que es quien ejerce esta defensa de la legalidad y de las víctimas y contribuiría también a la politización de la Justicia.

Esta medida se suma a la proposición de Ley Orgánica del Grupo Socialista de «medidas urgentes en aplicación del Pacto de Estado en materia de violencia de género» que se debate en el Congreso, en lo relativo a fomentar la formación de jueces y magistrados en materia de violencia de género. Además, se va a proponer analizar y endurecer la tipificación de los delitos referidos a violencia sexual o indemnidad sexual recogidos en el Código Penal. Unos trabajos que ya están avanzados ya que, tras hacerse pública la sentencia de «La Manada», el anterior ministro de Justicia, Rafael Catalá, encargó a la Comisión General de Codificación que revisará los delitos sexuales. Esta comisión ya señaló que el Código Penal no necesita una reforma demasiado exhaustiva. «Lo que hay que tocar es sencillo, son cosas de detalle», señalan fuentes de la misma. En concreto, según expertos consultados por LA RAZÓN consistiría en clarificar los tipos penales para evitar que quede al arbitrio e interpretación del tribunal qué hechos son o no constitutivos de agresión sexual y especificar que este delito no requiera que medie violencia o intimidación para que unos hechos sean considerados como tal.