Los funcionarios recibirán otro 25% de la extra en unas semanas

El Gobierno pide un crédito de 252 millones para atender otro tramo de la paga suspendida en 2012

En unas semanas, los empleados públicos dependientes de la Administración General del Estado recibirán otro 26,23 por ciento de la paga extra que se les suspendió en 2012 por la crisis. El Consejo de Ministros aprobó ayer la solicitud de un crédito extraordinario por valor de 252 millones de euros para afrontar el pago, que se hará mediante una nómina separada «en las próximas semanas», según anunció la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, al finalizar la reunión.

El Consejo de Ministros ha solicitado a la comisión permanente del Consejo de Estado un dictamen de urgencia, antes del 11 de septiembre, para que se pueda conceder este crédito. Sáenz de Santamaría explicó que el Decreto Ley que permite el préstamo se aprobará previsiblemente la próxima semana para que la devolución se haga de forma inmediata «en la primera nómina que pueda redactarse» tras su entrada en vigor. El Ejecutivo cumple así con lo anunciado ya a mediados de agosto. El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ya aseguró entonces que la habilitación del crédito se produciría a finales de septiembre u octubre y que tendría un coste de 274 millones de euros para el Estado, ahora reducidos en 22 millones de euros.

Con este nuevo pago, los empleados públicos de la Administración central ya habrán recuperado el 50% de la paga extra de 2012. En enero, el Gobierno ya les abonó otro 25%. El proyecto de Presupuestos del Estado del año que viene fija también la devolución de la mitad restante en marzo y septiembre como parte del compromiso del Gobierno de devolver a los empleados públicos el esfuerzo que han hecho durante la crisis económica, como subrayó Sáenz de Santamaría.

Días libres

Junto a la devolución del tramo de la extra, el crédito del Gobierno permitirá también que los funcionarios de la Administración central recuperen el último de los tres días de libre disposición, los denominados «moscosos», que se suprimieron en 2012 y de los que se habían devuelto dos. También se restituirán los permisos de antigüedad, los «canosos», que permitirán cuatro días de vacaciones por antigüedad por cada 5 años de servicio, a partir de 15 años de antigüedad, dos días de libre disposición adicionales a partir del sexto trienio y un día de libre disposición adicional a partir del octavo trienio y sucesivos. Asimismo, la vicepresidenta del Gobierno explicó que otra medida que se establece es la relativa al permiso por asuntos particulares, que se incrementa en un día, hasta seis jornadas al año.

Sáenz de Santamaría afirmó que si se ha solicitado ahora el crédito para la extra y los días libres es porque la evolución del déficit del Estado, que se ha reducido un 16 por ciento hasta julio, así lo ha permitido, descartando de esta manera que se trate de una medida de tinte electoralista con la vista puesta en los comicios generales que se celebrarán a finales de año.

Lo cierto, sin embargo, es que desde el pasado mes de julio, el Ejecutivo ha multiplicado los contactos con los sindicatos para recuperar las relaciones con el colectivo de empleados públicos, rotas en los últimos años tras la cascada de ajustes que ha sufrido el colectivo. Hacienda anunció en verano a los sindicatos de la función pública que subirá el año próximo un 1% el salario para los empleados públicos. Se trata del primer incremento en seis años, después de cinco ejercicios de congelación de sueldos y de la reducción del 5 por ciento decretada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

El Ejecutivo también anunció cambios en la tasa de reposición –porcentaje de vacantes que se pueden cubrir–. El año próximo, se descongelará con carácter general y se elevará al 50% –hasta ahora estaba en el 10%– y pasará del 50% al 100% en los considerados servicios esenciales o prioritarios como la lucha contra el fraude, la educación, la sanidad o las Fuerzas de Seguridad.

Para el PSOE, esta batería de medidas sólo tienen fines electoralistas. Su secretaria de Administraciones Públicas, Susana Sumelzo, calificó de «muy lamentable, indigno e impropio de un Gobierno democrático» lo que considera una «utilización partidista y electoralista» de los funcionarios por parte del Ejecutivo. La socialista pidió al Gobierno que acepte la enmienda a los presupuestos que ha presentado su partido para subir el sueldo un 1,5% a este colectivo el año que viene si realmente les preocupa.