El juez Castro prevé decidir sobre la fianza a Urdangarín en 15 días

El juez José Castro, que investiga el supuesto desvío de 5,8 millones de las administraciones balear y valenciana entre 2004 y 2007 por parte del Instituto Nóos, ya tiene sobre la mesa las alegaciones de Iñaki Urdangarín y Diego Torres, ex socios en la asociación sin ánimo de lucro, a la petición de la Fiscalía Anticorrupción y Manos Limpias de que se les imponga una fianza de responsabilidad civil de 8,2 millones de euros. Con los argumentos de las acusaciones y las defensas, el magistrado deberá decidir ahora si impone finalmente una fianza al duque de Palma y al ex profesor de Esade para hacer frente a los presuntos perjuicios causados a la Administración o bien no considera pertinente la medida. En el primer caso, tendrá que fijar la cuantía que considere ajustada a Derecho. Esa resolución podría hacerse pública en un plazo de quince días, según aseguraron fuentes jurídicas. Y es que Anticorrupción y Manos Limpias reclamaron la imposición de una fianza de 8,2 millones o, subsidiariamente, de 5,9 (el dinero obtenido de las administraciones descontados los costes de la organización de los cinco foros sobre turismo y deporte de los que Nóos se hizo cargo). Por su parte, la Abogacía del Gobierno balear pidió que la cuantía se fijase en casi 3,5 millones de euros (limitándose al montante de los convenios firmados con el Ejecutivo insular).

Como adelantó ayer LA RAZÓN, la defensa de Urdangarín se opone en su escrito de alegaciones a que se imponga al duque de Palma cualquier tipo de fianza porque considera que no ha cometido delito alguno que la justifique (que lleve aparejada responsabilidad civil). En el documento, Mario Pascual Vives afirma que su defendido no recibió directamente cantidad alguna por la organización de los convenios y que Nóos Consultoría «nunca repartió beneficios», a la vez que insiste en que éste asumió únicamente funciones representativas. En esa misma línea, hace hincapié en que sus actuaciones al frente de Nóos en ningún caso han generado «daño o lesión patrimonial de ninguna clase», pues se limitó «única y estrictamente a cumplir lo acordado en virtud de una relación contractual válidamente contraída y concertada».

Como informaba ayer este periódico, Urdangarín asegura que es la Administración quien elige la forma de contratación, en referencia a los convenios de colaboración utilizados, que defiende como ajustados a Derecho. En todo caso, añade, si existiese alguna irregularidad, ésta sería en todo caso administrativa y nunca de carácter penal.

Mero socio

El duque de Palma descarga en Diego Torres la gestión tanto del Instituto Nóos como de Nóos Consultoría Estratégica, en la que, subraya, era un mero socio que ni siquiera ejerció los poderes que se le confirieron porque, según afirma, no llegaron a inscribirse en el Registro mercantil. Y en cuanto a los aspectos fiscales, atribuye la responsabilidad de los mismos a los cuñados de Torres: Miguel, Marco Antonio y Luis Tejeiro. Pero si hay algún error en alguna de las declaraciones, afirma estar dispuesto a ponerse al día. Eso sí, asegura haber actuado siempre «dentro de la legalidad y honorabilidad que le ha sido exigida», realizando unas actividades profesionales que «ninguna entidad, ni privada ni pública, le han reprochado» en momento alguno.

Él no firmó ningún contrato, sostiene, ni tampoco los cinco convenios acordados con Baleares y Valencia. Fue Torres quien lo hizo, recuerda.