El juez decidirá si cita a otros cuatro directores de instituto sobre el 9-N

Manos Limpias pide que se aclare si los centros recibieron presiones de la Generalitat.

El instructor de la causa abierta en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra Artur Mas por desobediencia, Josep Manuel Abril, tendrá que decidir si cita a declarar a otros cuatro directores de instituto para esclarecer si recibieron presiones de la Generalitat para que cedieran sus centros para las votaciones de la consulta soberanista del 9 de noviembre del pasado año. La acusación popular que ejerce Manos Limpias ha remitido al magistrado un escrito en el que pide la comparecencia en calidad de testigos, «a la mayor brevedad», de cuatro directores de institutos de Hospitalet de Llobregat –Darío Castro, del Institut Europa; Vicente Pérez, del Torres y Bages; Manel Ramón, del Apel.les Mestres, y Miguel Codina, del Institut Bisbe Berenguer– para que aclaren «qué tipo de instrucciones recibieron» desde la Generalitat y «si fueron objeto de presiones para el acatamiento de las mismas».

Hasta el momento, el juez del TSJC ya ha tomado declaración como testigo a la directora del Instituto Pompeu Fabra de Badalona (lo hizo el pasado 30 de julio). Josepa Bosch, consciente de que el Tribunal Constitucional (TC) había suspendido la consulta, pidió instrucciones por escrito al Departament d´Ensenyament para ceder el centro el 9-N, pero esas instrucciones «no llegaron nunca». Tras escuchar su relato, el magistrado concluyó que la manera de actuar por parte de la Conselleria «fue un poco anárquica». Pero lo que trata de esclarecer ahora el instructor es si la Generalitar obvió el mandato del TC y continuó adelante con la organización de la «jornada participativa».

Aunque la Generalitat –a través de la directora territorial de Barcelona Comarcas, Montserrat Llobet, que también declaró como testigo– ha negado que se dieran instrucciones a los institutos para la celebración del 9-N, Bosch explicó al juez que tenían una «instrucción oral» de que ese domingo los centros «tenían que estar abiertos y en perfecto estado de funcionamiento» para las votaciones.

A diferencia de Bosch, que dijo que no se sintió presionada (finalmente cedió las llaves), Dolores Agenjo, ex directora del instituto Pedraforca de Hospitalet, sí afirma haber recibido presiones de la Conselleria para que en el centro, elegido como sede, se pudiera votar la consulta planteada por la Generalitat. Los abogados de Mas y de las otras dos imputadas –la ex vicepresidenta de la Generalitat Joana Ortega y la consejera en funciones de Educación Irene Rigau– han conseguido por dos veces aplazar su declaración ante el tribunal, pero finalmente Agenjo declarará como testigo el próximo día 19. Ella se negó a ceder su instituto para las votaciones pese a la insistencia del Departament d’Ensenyament y puso en conocimiento de la Delegación del Gobierno en Cataluña, para que se los trasladara a la Fiscalía, varios correos electrónicos entre directores de instituto en los que queda claro el desconcierto de los docentes ante la decisión de la Generalitat de que los centros se convirtiesen en sedes para las votaciones pese a que el Tribunal Constitucional, por dos veces, había suspendido la consulta a petición del Gobierno.