El juicio al «procés» en el espejo de Estrasburgo

Los independentistas catalanes pretenden «juzgar» al Supremo al calor de la sentencia que condena a España por el «caso Otegi».

Los grupos independentistas catalanes salieron ayer al albur de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo que condenaba a España por el «caso Otegi» a ponerse la venda en los ojos antes de la herida por el próximo inicio del juicio por el «procés» y ante una eventual condena. El argumento de una «falta de imparcialidad de los jueces» que deben dirimir la causa por la declaración unilateral de independencia de Cataluña y la culminación con el referéndum ilegal del 1 de octubre comienza a sonar repetidamente, pero la realidad, por muchas vueltas que se le quiera dar, es muy distinta.
Las dos causas en cuestión no tienen absolutamente nada en común, por más que se pretenda ahora hacer una semejanza y establecer paralelismos, que a buen seguro no cejarán en ello hasta la sentencia y, en función de ésta, hasta que el Tribunal de Estrasburgo se pronuncie, que no tienen ninguna justificación. En primer lugar, la causa de Otegi se centraba en el intento de reconstruir una organización ilegalizada –Batasuna–, mientras que en el «procés» se juzgará lo relacionado con el 1-O. En segundo lugar, el dirigente abertzale fue juzgado en la Audiencia por un tribunal compuesto por tres magistrados, de los que ninguno formará parte del juzgará a Trapero y demás ex altos mandos de los Mossos procesados en la misma causa; y menos se puede decir, por tanto, de los siete magistrados que formarán el tribunal que juzgará el «procés» en el Tribunal Supremo.
Pero todo ello no será óbice para que asistamos a una campaña de desprestigio de los jueces, poniendo en tela de juicio su imparcialidad y profesionalidad, cuando se trata de dos causas completamente distintas, sin relación alguna. Como señalaron fuentes del Tribunal Supremo, «lo del “procés” no tiene nada que ver, absolutamente nada, con lo de Otegi y la sentenica de ayer del Tribunal de Estrasburgo».
En todo caso, tampoco existen dudas de que los independentistas sacarán toda la batería para usar esa sentencia en el «procés»: «La usarán –la sentencia sobre Otegi–, pero será pura demagogia, porque nada tiene que ver una cosa con la otra», incidieron al respecto las fuentes consultadas.
Además, en el Supremo se tiene la máxima confianza en que, llegado el caso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos avalará la actuación de la Justicia española en el «procés». No existen dudas de que se han respetado todos los derechos de los acusados y que las decisiones han estado justificadas y motivadas. Sin embargo, y en la línea anterior, también son conscientes de que tanto los procesados como los grupos secesionistas que les apoyan «tratarán de convencer, incluso a Estrasburgo, llegado el caso, de que somos un país de que ofrece poca credibilidad en la tramitación justa de los procesos, para aprovechar y crear un paisaje de desconfianza con la labor de nuestros tribunales».
Por tanto, todo hace indicar que nos esperan unos meses donde quienes apoyan el «procés» van a «jugar» en dos terrenos: en poner en solfa ante la opinión pública, tanto a nivel nacional como internacional, la Justicia española y, por tanto, la imparcialidad de los magistrados del Supremo; y en el ámbito estrictamente judicial. De hecho, el mensaje que transmiten es que «ya están condenados» y sólo les queda que Estrasburgo les otorgue la razón en su momento.
La sentencia de Otegi les ha dado aire en sus argumentos; pero cometen un error de bulto si esperan que puedan afectar a los magistrados del Supremo en su imparcialidad a la hora de decidir y fallar esta causa.
Una sentencia de Estrasburgo contra España en el «procés» sí supondría un duro revés para la Justicia española. En este procedimiento se juega algo más que condenas o absoluciones, con todo lo que ello conlleva: el Tribunal Supremo se juega buena parte de su credibilidad, de un prestigio ganado año tras año. Una sentencia condenatoría sería de aplicación directa por España y tendría que ser ejecutada en sus estrictos términos. Y las consecuencias podrían ser muy duras, y si no, basta con mirar los efectos del fallo sobre la «doctrina Parot».