El PNV pedirá transferencias y el sí al nuevo Estatuto Vasco para investir a Sánchez

Se mostraría dispuesto a negociar, pero siempre con la condición del acercamiento de etarras a las cárceles vascas y el traspaso pleno de competencias penitenciarias

El portavoz del PNV en la cámara, Aitor Esteban
El portavoz del PNV en la cámara, Aitor Esteban

El PNV mostraría dispuesto a negociar la investidura, pero siempre con la condición del acercamiento de etarras a las cárceles vascas y el traspaso pleno de competencias penitenciarias.

Ayer, Aitor Esteban no quiso desvelar sus cartas después de la ronda de consultas en Zarzuela con el Rey. Sabe que sus seis diputados son claves para hacer presidente a Sánchez, al igual que ya lo fueron el pasado año para llevarle a La Moncloa. El partido vasco juega con esa baza y sabe que sus exigencias pueden ahora obtener luz verde.

Las exigencias que ahora, en futuras citas con el presidente del Gobierno, hará el partido presidido por Antoni Ortuzar no se diferenciarán, previsiblemente, en absoluto de las ya formuladas en 2018. A cambio del sí para los socialistas, se antoja clave la validación del nuevo Estatuto Vasco, acordado en 2018 por el PNV y Bildu y que había quedado en la sombra, empañado por la campaña del 28-A, y que ahora harán valer de nuevo para que el PSOE apoye con sus votos su articulación en el Parlamento Vasco. La reforma del Estatuto de Gernika, según el texto impulsado con carácter previo a su tramitación ante las Cortes Generales, tendría que ser aprobado con una “consulta habilitante” de los ciudadanos vascos. Pero antes tenía que ser pactado por el Parlamento Vasco. De ahí, la necesidad ahora del PNV, de que los socialistas vascos voten conjuntamente con los nacionalistas y con Bildu. El borrador del nuevo estatuto contaba con apoyos en algunos artículos de Podemos, frente a la oposición del PSOE y PP, y el texto recoge, además del referendum, que los territorios de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava conformarían el “nuevo sujeto político” con derecho a decidir, y tendría, además, una relación de bilateralidad con el Estado de tipo “confederal” y sin “subordinación”.

Dentro del paquete de exigencias, el PNV se mostraría dispuesto a negociar la investidura de Sánchez, pero siempre con la condición del acercamiento de etarras a las cárceles vascas y el traspaso pleno de competencias penitenciarias al gobierno regional. Dentro del calendario de transferencias, el PNV sigue incluyendo el de la Seguridad Social, el cual el PSOE ya sacó en 2018 de la negociación. Por otro lado pone sobre la mesa las siete primeras materias a transferir pendientes de traspaso, como Productos Farmaceúticos, Seguro Escolar, Ayudas a la Jubilación de Trabajadores Afectados por EREs, Transporte Ferroviario en líneas de Cercanías y FEVE, Escuelas Viajeras, Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas y Administración Institucional e Innovación Tecnológica.

Una de las novedades sería la creación de “un Consejo de Justicia de Euskadi” como órgano de gobierno de la Administración de Justicia, un campo en el que ya se comenzó a negociar antes del 28-A entre socialistas y PNV, y que podría acercar a estos a proporcionar el sí a Sánchez.