Imputado el secretario general de Presidencia de la Generalitat por el 1-O

El presidente del Pacto Nacional por el Referéndum declarará hoy ante la Guardia Civil

La Guardia Civil abrió ayer una investigación contra un alto cargo de la Generalitat por los preparativos del referéndum del 1-O. Se llama Joaquim Nin, es el secretario general de Presidencia y se le acusa por el delito de sedición, malversación, revelación de secretos, rebelión, desobediencia y prevaricación. Nin, que autorizó el dominio de la página web del Pacto Nacional por el Referéndum, fue a declarar como testigo a raíz de la investigación que abrió el juzgado de instrucción 13 de Barcelona por las conferencias del ex senador de ERC y ex juez Santi Vidal y salió de la comisaría de la Travessera de Gràcia de Barcelona como imputado.

Lo que ocurrió fue que, a lo largo del interrogatorio, los agentes apreciaron indicios que podrían vincularlo a los delitos que el juez está investigando por los preparativos del referéndum. Entonces, detuvieron las preguntas y comunicaron al testigo que pasaba a declarar en condición de investigado policial. En ese momento, pudo entrar en la sala el abogado que le había acompañado hasta la comisaría para asistirle en el interrogatorio, pero hasta ese alto respondió solo, sin su asistencia.

Elena, a declarar

La imputación de Nin es exclusivamente policial, para poder interrogarle con las garantías de un investigado. Ahora, hay que esperar si el juez instructor decide si mantiene esa condición una vez reciba las diligencias que le envíe la Guardia Civil, a la que encargó las pesquisas sobre los preparativos del referéndum. Sucede que se trata del mismo juzgado que hace dos semanas envió a la Guardia Civil al Teatre Nacional de Catalunya para pedir los datos de la celebración de un acto en el que se presentó la ley del referéndum. Hoy será citado el ex socialista Joan Ignasi Elena que coordinó el Pacto Nacional por el Referéndum, una plataforma que agrupa a instituciones sociales y políticas, a la que se han adherido 400 entidades y 400.000 personas a título personal para reclamar la celebración de un referéndum acordado. Ayer también fue citado a declarar como testigo el director general de Atención Ciudadana de la Generalitat, Jordi Graells, por la campaña institucional del Gobierno catalán sobre el registro de catalanes en el extranjero.

Para el Ejecutivo catalán, la actuación de la Guardia Civil con Nin vulnera de manera «grave» sus derechos fundamentales, por eso hoy presentará una denuncia en el juzgado de guardia contra el magistrado y contra los agentes.

El portavoz del Govern y conseller de la Presidencia, Jordi Turull, abandonó el Pleno para dar detalles de la denuncia. «El Govern de Cataluña dice basta; denunciaremos a todas las personas que entendemos que puedan atacar derechos fundamentales de ciudadanos y trabajadores públicos, sea juez o Guarda Civil», informó. Visiblemente indignado con la actuación del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, lamentó que es un despropósito que se cite a declarar a un testigo por el dominio de la web «pactepelreferendum.cat» y salga como investigado por un delito de sedición, dos causas que en su opinión no guardan relación.

Turull alegó que la web «no está ni recurrida por el Gobierno» y destacó que el manifiesto del Pacto Nacional tiene la adhesión de 400 entidades y 400.000 particulares. Acusó al juez y a los policías de «comportarse como en las peores épocas, tiempos que yo, por edad, no he conocido», en alusión al franquismo. E insistió en que como «el Pacto Nacional propugnaba una consulta acordada que emana de una resolución del Parlament que no fue recurrida por el Tribunal Constitucional», entiende que «se está criminalizando trabajar a favor del diálogo y del acuerdo». El tira y afloja entre gobiernos se recrudece.