El sueldo del marido de Díaz, cargado a cursos de diseño, sonido o jardinería

La justificación del expediente 98/009/J/217 entregada por UGT a la Junta de Andalucía y que ahora revisa la Consejería de Educación incluye, entre otros apuntes contables, el salario de José María Moriche Ibáñez, marido de Susana Díaz que fue contratado por el Instituto para la Formación y Estudios Sociales (IFES) que gestionaba los cursos de formación adjudicados al sindicato. En la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, aparecen porcentajes del salario computados a distintas acciones formativas. Es el caso de cursos de informática de usuario, diseño web y multimedia, técnico de sonido, infografista de medios audiovisuales, atención a enfermos de alzhéimer, celador sanitario, vigilante de seguridad privada, trabajador de centros de jardinería o automatismo con control programable. Moriche, según fuentes consultadas por este periódico, trabajó como auxiliar administrativo –no como docente– en esta entidad. IFES cargaba a la subvención de la Junta un porcentaje de cada curso –incluido el coste de la seguridad social–, una práctica habitual del sindicato y de la que existen dudas sobre su legalidad, toda vez que no se podrían cargar los salarios del personal de estructura a subvenciones finalistas. En el caso del marido de Díaz, su vinculación con IFES determinaría si esta fórmula –impulsada por el sindicato– fue correcta o no.

Esta documentación está en poder de la Junta de Andalucía, que en el caso de que considere que no se puede imputar el salario de un empleado de IFES a los cursos de formación que subvenciona, debería reclamar al sindicato esta cantidad.

Los trabajadores despedidos de UGT-A ya denunciaron que se trataba de un procedimiento ordinario por parte del sindicato, que no distinguía entre empleados propios y aquellos que contrataba para acciones subvencionadas concretas, como los cursos de formación.

El expediente en cuestión en el que figura Moriche aglutina numerosas irregularidades que ya fueron denunciadas por la Cámara de Cuentas en su informe de fiscalización de la subvenciones otorgadas por el Servicio Andaluz de Empleo. La Fiscalía Superior de Andalucía también ha detectado indicios delictivos. Se trata de una subvención de 8.021.823 euros que recibió UGT gracias a un convenio de colaboración con la Consejería de Empleo. El 80 por ciento de esta cantidad lo aportó el Fondo Social Europeo. Hay que reseñar que la Unión Europea ya ha mostrado su preocupación por el supuesto mal uso de estos fondos y ha pedido explicaciones al Gobierno.

Se da la circunstancia de que en este expediente se entrecruzan dos casos de corrupción que afectarían al sindicato UGT. Uno de ellos es la denominada «Operación Edu» sobre el fraude en los fondos de formación en Andalucía y que revisa las ayudas concedidas por la Junta de Andalucía a numerosas entidades públicas y privadas.

La presencia del marido de Díaz en este expediente provocó un duro enfrentamiento entre la presidenta de la Junta y el portavoz del Grupo Parlamentario del PP-A Carlos Rojas, el miércoles en el Parlamento de Andalucía. Rojas preguntó a Díaz a «qué favor responde que su marido, José María Moriche, trabajara en la formación de Andalucía pagada con dinero público».

La pregunta se quedó sin respuesta.