El Supremo decide hoy quién debe resolver si siguen las excarcelaciones

Los 16 magistrados que integran la Sala de lo Penal del TS han conmenzado pasadas las 11 horas su reunión, con un único punto en su orden del día: "Análisis y Efectos de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos con relación a la "doctrina Parot".

¿Las audiencias correspondientes o el Tribunal Supremo a través de los correspondientes recursos de revisión? Ésta será la cuestión que debe resolver hoy el Pleno la Sala Penal del Tribunal Supremo, en la reunión que celebrarán sus magistrados para determinar cómo se debe aplicar la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la etarra Inés del Río a los terroristas y delincuentes reincidentes a los que se prolongó su estancia en prisión por la «doctrina Parot».

En algo sí existe una práctica unanimidad entre todos los magistrados que conforman la Sala Penal: las decisiones no pueden adoptarse de oficio, sino que tendrán que ser a instancias de parte, bien del fiscal, bien de la defensa del afectado, pero no de «motu proprio» por el tribunal correspondiente. También existe ese consenso en no cuestionar la eficacia que tiene la decisión de Estrasburgo para los tribunales españoles.

A partir de aquí se abren dos opciones. En primer lugar, que resuelvan las audiencias que aplicaron la «doctrina Parot» a cada uno de los casos concretos. La decisión que adopten podrá recurrirse ante el Supremo.

Otros magistrados, en cambio, defienden que la vía correcta sería la de seguir los trámites de un recurso de revisión, al entender que la sentencia citada del TEDH constituye un «hecho nuevo», por lo que tendría que ser el Tribunal Supremo el encargado de resolver los recursos que se puedan presentar. Esta opción, al llevar unos trámites procesales más dilatados, prolongaría la resolución sobre las peticiones efectuadas por los afectados, y, por tanto, las posibles excarcelaciones de los mismos.

Una cuestión sobre la que igualmente se prevé que se pronuncie hoy el Supremo es si la «doctrina Parot» es válida para aquellos supuestos a partir de marzo de 2006; es decir, si los beneficios penitenciarios se suprimen desde esa fecha, o desde el momento en que el propio Supremo estableció por vez primera esa doctrina. Ésta es la tesis que mantiene la Fiscalía de la Audiencia Nacional y, en todo caso, existe coincidencia en que, de ser respaldada, «afectará a muy pocos y durante muy poco tiempo», según señalaron a este periódico fuentes jurídicas.

El criterio que fije el Supremo será el que sigan las audiencias correspondientes –en casos de terrorismo, la Audiencia Nacional–, y marcará el futuro inmediato de aquellos a los que se les aplicó en su momento la «doctrina Parot».

Por otro lado, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, considera que las excarcelaciones de etarras acordadas por la Audiencia Nacional han sido acordadas «dentro del ámbito de competencia funcional que como tribunal sentenciador le corresponde, por lo que difícilmente se puede atisbar que haya incurrido en los motivos de nulidad» que prevé la ley.

Ésta ha sido la respuesta de Torres-Dulce al presidente de la asociación Dignidad y Justicia, Daniel Portero, que pedía que la Fiscalía instase la nulidad de los autos de libertad de los etarra Inés del Río Prada y Juan Manuel Píriz, por entender que se habían adoptado con manifiesta falta de competencia, y, por tanto, incurrían en nulidad.

Torres-Dulce rechaza tal petición y considera, en cambio, que la mencionada sentencia del TEDH es una resolución judicial «que las autoridades españolas no pueden ignorar», y que, además, las decisiones de Estrasburgo «son obligatorias para el Estado demandado que resulta condenado». El Supremo será, concluye el fiscal general, quien fije el «procedimiento a seguir en futuras actuaciones».

La fiscal pide 3.498 años para cada etarra por el atentado de Burgos

Los testigos y peritos de la Guardia Civil que comparecieron en la Audiencia Nacional durante el juicio contra el «comando Otazua» por el atentado contra la casa-cuartel de Burgos en julio de 2009 desvelaron ayer que la explosión dejó un escenario «devastador», que «parecía una zona de guerra» y que sus autores «iban claramente a causar el mayor número de víctimas». La fiscal pidió ayer para cada uno de los tres acusados 3.498 años de cárcel por el atentado.