El PP no dará aliento al Gobierno en este próximo curso político. A la firme oposición que ejercerá contra el cupo catalán, se sumará la presión que Alberto Núñez Feijóo utilizará desde el Congreso de los Diputados con el objetivo de retratar a Pedro Sánchez en materia migratoria.

Y es que la situación en Canarias sigue siendo insostenible, mientras que falló de bruces el plan del Ejecutivo de solventar la crisis limitándose en julio a modificar la Ley de Extranjería para regular por ley el número de menores no acompañados que debía acoger cada comunidad para destensionar la sobreocupación que sufren las Islas Canarias a donde llegan los cayucos de manera masiva. Un plan que falló al no lograr atraer ni los apoyos del PP ni de Junts en negociaciones in extremis y que demostró el fracaso de la negociación que llevó a cabo el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

Ahora, el PP tratará de nuevo ofrecer una solución en este sentido y para ello ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley que se debatirá a partir de septiembre como modo de respuesta ante la «inacción» –critican en el PP– del Gobierno de coalición. Los populares instarán al Ejecutivo a tomar medidas para reforzar el control de las fronteras, incrementando los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o sus recursos, además de que reclamarán mayores fondos para acoger a los migrantes, o que la Unión Europea active los mecanismos precisos para respaldad a los estados miembros en este asunto.

Los populares presentaron su plan de política migratoria para dar luz a un control de la inmigración que busca reforzar la vigilancia de las fronteras, trabajar en los países de origen e incrementar la ayuda a las comunidades autónomas en la acogida de menores no acompañados.

El Grupo popular en el Congreso registró una proposición no de ley por la que insta al Gobierno a incrementar los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado encargados de la protección de las fronteras frente al desafío migratorio. Los populares quieren forzar al Gobierno a declarar la emergencia migratoria en el ámbito nacional para las competencias ejercidas por las comunidades en la acogida de personas extranjeras, de forma que puedan hacerse con los recursos necesarios por procedimiento de urgencia. Esta era una de las condiciones que los de Feijóo negociaron con el PSOE para dar luz verde a la reforma de la Ley de Extranjería. Entre otras, también reclamaban la convocatoria de una Conferencia de Presidentes para abordar el asunto, la cuál sigue sin fecha. Según la proposición registrada por los populares proponen mejorar el control y protección de las fronteras españolas, dotando de los recursos necesarios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, incrementando el número de agentes encargados de su custodia, o aumentar el personal administrativo para la tramitación de los expedientes en las oficinas de asilo. También exigen dotar de medios humanos materiales a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional.

Los populares quieren también reforzar la coordinación interministerial en materia migratoria, implicando a todas las áreas competentes o impulsar las medidas normativas que sean precisas para que la política migratoria este adaptada a la realidad del fenómeno. También piden dotar de un fondo suficiente para financiar a las comunidades autónomas la atención a los menores extranjeros no acompañados que llegan a España, de forma que se dote de recursos a las comunidades desde su acogida hasta su emancipación. Los populares, con su proposición no de ley buscan instar a la Unión Europea la activación de los mecanismos existentes para ayudar a los Estados miembros que sufren de forma masiva la entrada de flujos migratorios. Unas medidas sobre las que tendrá que pronunciar el PSOE en el Congreso, quien busca vías para atajar la dramática situación, aunque sin detallar los avances.

Así lo anunció la vicesecretaria de Igualdad y Conciliación del PP, Ana Alós, quien explicó que esta iniciativa, que se debatirá en el Pleno, se ha registrado «dada la inacción del Gobierno por su falta de política migratoria». «La ausencia de política migratoria del Gobierno ha desencadenado en estos últimos meses, ya casi dos años, el descontrol de los flujos migratorios», denunció.

Asimismo, recalcó que exigen al Ejecutivo «que se comprometa con su tarea y su responsabilidad, que es la política migratoria». Para ello, también proponen solicitar a las autoridades europeas el despliegue de Frontex y de la Agencia Europea de Asilo, para ayudar a los agentes en la vigilancia de las costas o habilitar las infraestructuras que el Estado tiene en desusos con los recursos necesarios para su adecuación y alojar y atender a los migrantes. «La política migratoria tiene que ser una política de Estado, que requiere el abordaje integral», subrayó Alós.