Fernando Grande-Marlaska: de crisis en crisis

Nadie puede decir que lo ha tenido fácil. Desde su llegada al Ministerio del Interior, Fernando Grande-Marlaska ha vivido sobre una cascada de frentes abiertos, a cada cual más complejo. El último, el varapalo del Tribunal Supremo contra la devolución de menores desde Ceuta a Marruecos, en cuyas sentencias denuncia que fue ilegal y se vulneró la Ley de Extranjería. Un auténtico mazazo para un hombre que es juez de carrera, pese a lo cual no se achantó. En su comparecencia ante la Comisión correspondiente del Congreso, el ministro mostró su respeto por el fallo del Supremo, pero aseguró con «convencimiento pleno» que la operación se efectuó con absoluta legalidad y en función de los intereses de los expulsados. Marlaska sorteó los duros ataques de la oposición y defendió la devolución de 45 menores, en agosto de 2021, cuando se produjo la entrada en la ciudad ceutí de diez mil personas. Un polvorín humano añadido a las críticas contra su política migratoria, que el titular de Interior afronta con aplomo y cautela. A todo ello se une la gran preocupación del Gobierno de Canarias sobre la avalancha de cayucos a las islas y los 300.000 emigrantes que aguardan en las costas de Mauritania para acceder al archipiélago.

Otro capítulo conflictivo es la situación en las salas de asilo de inmigrantes inadmitidos en el aeropuerto de Barajas. El PP denuncia un hacinamiento incontrolado, los sindicatos policiales el colapso desbordado de 400 personas en condiciones de insalubridad, mientras Grande-Marlaska afirma que se han dispuesto todos los medios materiales y personales ante la saturación humana de los solicitantes de asilo. El ministro citó el aumento de instalaciones habilitadas con comedor y aseos, así como nuevos agentes de la Policía Nacional. «La situación en Barajas es extraordinaria, pero bajo control», aseguró Marlaska sobre este nuevo conflicto migratorio que no le deja un solo día de respiro. Desde la oposición, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el Alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, han denunciado la repatriación ilegal de inmigrantes y menores, así como el reparto de los llegados a Canarias por la comunidad madrileña sin ningún tipo de control. El ministro insiste en que el Gobierno trabaja en el marco de la cooperación internacional, luchando contra la inmigración irregular y desmantelando mafias. «La política migratoria no son botones mágicos, pero estamos trabajando sin cesar», aseguro Marlaska en el Congreso.

A pesar del cierre de filas oficial y la defensa del presidente Pedro Sánchez, dirigentes del PSOE admiten que Fernando Grande-Marlaska es el ministro más abrasado del Gobierno, dónde algunos como Yolanda Díaz opinan que debiera ser cesado, y otros defienden su permanencia en un Ministerio altamente sensible bajo la eterna vigilancia de Marruecos. Aquí reside la clave para que Sánchez y los ministros socialistas se lancen en tromba a apoyar a Marlaska, aunque algunos escándalos como la tragedia humanitaria en Melilla, el pasado mes de junio, no dejan de aflorar. En La Moncloa opinan que entregar la cabeza de Marlaska pondría en riesgo las delicadas relaciones con el vecino marroquí, y el propio Pedro Sánchez, durante su investidura, aseguró que Marlaska es "un excelente ministro del Interior».

Es también uno de los pocos ministros que acompañan a Sánchez desde su llegada al Gobierno, metido siempre en un avispero político. Los socios separatistas en el Congreso y la oposición exigen depurar responsabilidades desde aquellas imágenes en Melilla de la cadena británica BBC, con una avalancha de cadáveres aplastados en el lado competente de las autoridades españolas. El operativo de la Guardia Civil y la Comandancia de Melilla acusaron falta de medios y la actuación de la Policía marroquí quedó en entredicho. Marlaska se convirtió en el ministro más reprobado de la historia parlamentaria, pese a lo cual no piensa dimitir y tampoco Sánchez lo cesará. Pese a las críticas de Sumar y Yolanda Díaz sobre su política migratoria, en Moncloa afirman que goza de la confianza del presidente del Gobierno.

En el ojo del huracán desde su llegada al Ministerio en 2018, en su primer viaje oficial a Marruecos abordó el problema migratorio, que no ha dejado de crecer durante su mandato. La retirada de las concertinas en la fronteras de Ceuta y Melilla con el reino alauita, los asaltos de inmigrantes a la valla, sus enfrentamientos con la Policía Nacional y la Guardia Civil con los ceses del coronel Diego Pérez de los Mozos y la propia Directora de la Benemérita, María Gámez, el traslado de los presos de ETA a las cárceles vascas, las cesiones penitenciarias al PNV y Bildu, y sus frías relaciones con las víctimas del terrorismo son conflictos que jalonan su gestión. Un legado que contrasta con su pasado como magistrado en el País Vasco y la Audiencia Nacional, donde fue un implacable azote contra el terrorismo etarra y ordenó la entrada en prisión de Arnaldo Otegi. Hasta estar incluso en el punto de mira de un comando de ETA, que pretendía un atentado contra su vida. Quienes compartieron sus años como juez en el País Vasco y la Audiencia Nacional le ven ahora irreconocible.

Nacido en Bilbao, hijo de un policía municipal, ingresó en la carrera judicial en el año 1987 y por sus manos han pasado casos de gran relevancia: el crimen de los marqueses de Urquijo, el accidente del avión militar Yak-42 en Turquía y numerosas instrucciones contra la banda terrorista ETA y el llamado «caso Faisán» como presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Un legado jurídico de altura, ahora diluido en su etapa como ministro del Interior. Declarado homosexual, defensor del movimiento LGTB y casado con el filólogo Gorka Arotz, en su autobiografía «Ni pena ni miedo» critica los nacionalismos y habla abiertamente de los terribles días que vivió bajo los asesinatos de ETA. Como bien dice uno de sus compañeros como juez a Marlaska hoy: «Quién le ha visto y quién le ve».