El fiscal general defiende que hubo más de 500 personas que tenían acceso a la denuncia contra el novio de Ayuso

El teniente fiscal de la Fiscalía Provincial de Madrid ha declarado este jueves que no dispone de un registro exacto del número de personas que tuvieron acceso a la investigación preliminar relacionada con Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Estos documentos, que originaron una denuncia por presunto fraude fiscal entre 2020 y 2021, se encontraban en carpetas compartidas del Ministerio Público, accesibles para más de 500 usuarios.

El fiscal José Luis García-Juanes, número dos de la Fiscalía Provincial de Madrid, ofreció esta información en respuesta a una consulta realizada por la Abogacía del Estado, que representa al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Ambos son investigados por el Tribunal Supremo tras ser señalados por González Amador por presunta revelación de secretos.

Según el escrito, las diligencias iniciales estaban guardadas en una carpeta únicamente accesible para 12 fiscales y 4 funcionarios. Sin embargo, cuando se remitieron por correo electrónico a la fiscal jefe provincial, en cumplimiento del procedimiento establecido por el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) y, dado que el volumen de los documentos era demasiado grande como para enviarlos por correo electrónico, se incluyeron en otra carpeta compartida con acceso para 499 personas, entre fiscales y funcionarios.

Más adelante, para informar a la jefatura de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, los documentos fueron añadidos a una carpeta diferente, a la que podían acceder aproximadamente 30 personas de la Fiscalía Provincial y un número no especificado de usuarios de la Fiscalía de la Comunidad.

A pesar de la amplia distribución, García-Juanes subrayó que también se creó una carpeta más restringida, con acceso limitado a él mismo, la fiscal provincial (Pilar Rodríguez), las fiscales de apoyo de la jefatura provincial de Madrid y cuatro funcionarias de la secretaría de la secretaría de la jefatura de la Fiscalía Provincial.

Respecto al correo electrónico donde el abogado de González Amador supuestamente admitía delitos fiscales, el teniente fiscal indicó que su acceso estaba únicamente limitado a Pilar Rodríguez, las mencionadas cuatro funcionarias y él.

El caso, que ahora se encuentra bajo la lupa del Tribunal Supremo, examina si existió una filtración de información confidencial entre la defensa de González Amador y los fiscales encargados de investigar las acusaciones de fraude fiscal en su contra. El pasado marzo la Fiscalía denunció a González Amador por dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental acusándole de defraudar más de 350.000 euros a Hacienda entre los años 2020 y 2021 durante sus negocios en plena pandemia del coronavirus.