La Fiscalía se opone a la investigación contra los periodistas que informaron sobre la causa de García Ortiz

La Fiscalía también se opone a que una juez investigue por revelación de secretos a cuatro periodistas de tribunales después de que informasen sobre la causa contra el fiscal general del Estado que se sigue en el Tribunal Supremo.

Los profesionales -dos de "El Mundo", uno de "20 Minutos" y otro de "El País"- están citados para declarar como imputados el próximo 19 de junio ante el Juzgado de Instrucción número 20 de Madrid. El Ministerio Público interesa que su comparecencia sea "en calidad de testigos".

El fiscal expone ante la instructora que no pueden ser investigados porque están amparados por la Constitución para "comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión" y, al mismo tiempo, les protege el secreto profesional en el ejercicio de su labor periodística.

La juez Adelaida Medrano abrió la causa en su contra a raíz de las noticias que publicaron, como la amplia mayoría de medios, para dar cuenta del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) en que se analizaban los mensajes que intercambió la fiscal provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez, con el resto de la cúpula de Fiscalía en los considerados como días claves en que se fraguó la filtración de los datos del novio de Ayuso bajo investigación.

En aquel informe policial, de hecho, conocido el pasado noviembre, se atribuía una "participación preeminente" a Álvaro García Ortiz en la supuesta divulgación de datos privados de Alberto González Amador.

Precisamente, es Rodríguez, la otra imputada en la causa del alto tribunal, la que figura como denunciante de los cuatro compañeros periodistas, al haberse iniciado este procedimiento a raíz de una queja ante el instructor del Supremo, el juez Ángel Hurtado, que dedujo testimonio a los tribunales madrileños para que decidiesen si lo investigaban, como así acabó siendo.

Pero, volviendo a lo que ahora estima el fiscal de este caso, los periodistas fueron "meros intermediarios naturales en el proceso comunicativo" con lo que "en ningún caso" se puede siquiera atribuirles indicios de haber sido "responsables" de un delito de revelación de secretos.

Principalmente, expone en su escrito, porque "no consta que sean ellos los que se hayan apoderado" del informe de la Guardia Civil y "tampoco" son una "autoridad o un funcionario público" y tuviera acceso a la información publicada por razón de esta condición.

"Los periodistas no puede cometer" el delito de revelación de secretos, insiste el representante del Ministerio Fiscal, al no ser funcionarios públicos, extremo que exige la ley para castigar esta conducta.

Ni siquiera "en condición de inductores" dado que -para el fiscal- "no existe ningún elemento, ni siquiera indiciario, que acredite que dichos periodistas, influyeron de manera directa y eficaz sobre personas no identificadas que filtraron el informe".