Franco: en helicóptero y sin bandera del 75 en el ataúd

No habrá honores militares y solo estarán los nietos y bisnietos. El TS admite otro recurso de la Fundación.

La reunión mantenida el lunes entre un representante de la familia Martínez-Bordiú Franco –su abogado y albacea, Luis Felipe Utrera-Molina– y el del Gobierno –Félix Bolaños, secretario general de Presidencia– acabó con la negativa a todas las peticiones que los deudos del dictador reclamaban para el día de la exhumación y reinhumación, según ha sabido LA RAZÓN de fuentes de la familia. Jornada en la que estarán presentes todos los nietos y bisnietos de Franco, cuyos restos mortales serán trasladados finalmente en helicóptero, según se les comunicó ayer por parte del Gobierno.

Bolaños volverá a verse hoy con Utrera-Molina, a quien acompañará Francis Franco, el mayor de los nietos varones, que ha pedido este nuevo encuentro pese a la negativa a sus solicitudes.

En un escrito al Consejo de Ministros, el letrado de los Martínez-Bordiú Franco había solicitado por escrito «honores fúnebres militares en señal de respeto y homenaje» –que incluyen descarga de fusilería, banda y música, salva de cañonazos y que el féretro fuera «cubierto con una bandera nacional», además del título funerario sobre el panteón de Mingorrubio.

La enseña fue utilizada el día en que un vehículo militar transportó el cadáver de Francisco Franco desde el Palacio Real hasta Cuelgamuros, el 23 de noviembre de 1975. La guardaron Carmen Polo, su hija y después los nietos. Una bandera bordada en la que destaca el Águila de San Juan que fue eliminada en 1981 y que erróneamente se identifica como franquista, ya que procede de la época de los Reyes Católicos. Un símbolo fuera de lugar para el actual Ejecutivo.

Con respecto a los honores militares, el Gobierno los ha rechazado en reiteradas ocasiones. La última ayer mismo, por parte de la vicepresidenta, Carmen Calvo, que negaba en Onda Cero que vaya a haber «nada de eso», y que la intención es que sea un acto «para honrar a su abuelo» –en referencia a los nietos–, no al que fuera Jefe de Estado durante más de cuarenta años. Según Calvo, «hay que darle el respeto que debe darse a unos restos humanos, pero nada más. Ningún tipo de honores ni reconocimiento.Estamos en democracia y a un dictador no se le rinde homenaje».

Desde el Ejecutivo también se subraya que la exhumación de Franco es una decisión del Gobierno, avalada por el Tribunal Supremo, y que por tanto es Moncloa la que fija las condiciones en que se llevará a cabo, sin que la familia pueda establecer sus exigencias, aunque se «garantizará que todo se haga con respeto a esos restos humanos y a sus familiares».

A lo que sí ha accedido el Gobierno es a que se pueda celebrar una misa «breve e íntima» en el momento de la inhumación, si bien la familia reclamaba también en su escrito del pasado lunes un acto religioso en la Basílica del Valle de los Caídos, oficiado por el prior de la abadía, Santiago Cantera, y otro posterior en Mingorrubio-El Pardo cocelebrado por Ramón Tejero, hijo del teniente coronel Antonio Tejero, autor del golpe de Estado de 1981.

Por su parte, en otro escrito al Consejo de Ministros, la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) comunicó ayer que «se une a lo solicitado por la familia» respecto a la «dignidad y respeto» con que deben ser tratados los restos mortales del dictador y, que, «como garante de su legado político y social», demanda «la presencia de su Patronato el día a tal efecto señalado», tanto durante la eucaristía como en el momento del «traslado, exhumación e inhumación», y «tener oportunidad de acompañar sus restos como un gesto de respeto, deferencia y consideración».

Un deseo que tampoco será posible, según confirma a este diario Juan Chicharro, presidente de la FNFF. «Lo denegaron implícitamente ayer (por el lunes) cuando dijeron quiénes podrían asistir».

Mientras, el Tribunal Supremo ha admitido a trámite un nuevo recurso de la Fundación Franco en el que pide la suspensión del último acuerdo del Consejo de Ministros para la exhumación.

La Fundación ha pedido la suspensión de dicho acuerdo en un recurso en el que sostiene que un gobierno en funciones no puede adoptar ese tipo de decisiones y que los tribunales de justicia deben pronunciarse también sobre ese acuerdo como hicieron sobre el decreto de exhumación.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo admitió ayer el recurso y ha formado una pieza separada para ver si adopta medidas cautelares. Para ello, da tres días de plazo a la Abogacía del Estado para que se pronuncie sobre la suspensión del acuerdo que pide la FNFF. En su escrito, esta considera que el Consejo de Ministros se ha extralimitado de sus competencias al no esperar a la resolución del recurso contencioso-administrativo sobre la legalidad urbanística de la exhumación pendiente en un juzgado de Madrid. Considera además, que la decisión de dar por concluido el procedimiento y ejecutar la exhumación viola el «principio de neutralidad política en período electoral» recogido en la Ley Orgánica Reguladora del Régimen Electoral General (LOREG).

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